El sistema financiero santafesino atraviesa horas de alta tensión tras la confirmación de un plan de reestructuración del Banco Santander que impactará directamente en el Gran Rosario. La Asociación Bancaria se declaró en estado de alerta y movilización ante el inminente cierre de las sucursales de Pérez y Puerto General San Martín, previsto para mediados de marzo. La medida no solo pone en riesgo los puestos de trabajo, sino que también amenaza con dejar sin atención presencial a miles de usuarios en localidades estratégicas del cordón industrial.
El impacto en el Gran Rosario y el Cordón Industrial
Según la seccional Rosario del sindicato, la entidad de capitales españoles proyecta bajar las persianas de delegaciones que cumplen un rol social y económico clave. En el caso de Puerto General San Martín, la sucursal ubicada en el corazón de la zona portuaria es la única boca de expendio de la red Banelco en un amplio radio, lo que obligaría a los clientes a trasladarse hasta San Lorenzo para realizar trámites básicos.
“Nuestra preocupación es por el destino de los trabajadores; estamos convencidos de que podrían ser reubicados en las sedes que quedan abiertas”, subrayó la conducción gremial. La propuesta del banco, sin embargo, parece distar de esta solución: la denuncia sindical apunta a que la firma está impulsando un programa de "retiros voluntarios" bajo presión, negándose inicialmente a garantizar la continuidad laboral de los ocho empleados afectados en estas dos localidades.
Un plan de ajuste de alcance nacional
El conflicto en Santa Fe no es un hecho aislado. El gremio liderado a nivel nacional por Sergio Palazzo advierte que el Santander tiene en carpeta el cierre de aproximadamente 36 sucursales en todo el país (algunas versiones estiran la cifra a 100 centros de atención). En la provincia, localidades como El Trébol, Las Rosas y Villa Cañás ya han sentido el impacto de este recorte, que la empresa justifica en la "transformación digital" y el cambio de hábitos de los consumidores.
Para La Bancaria, este argumento es una pantalla para un "ajuste encubierto". Desde el sindicato sostienen que muchas de estas filiales son rentables y que el cierre responde únicamente a una lógica de maximización de beneficios, desatendiendo la función de servicio público que debe prestar una entidad financiera. “No permitiremos que la modernización se traduzca en precarización o despidos”, advirtieron mediante un comunicado oficial.
Audiencia clave en la Secretaría de Trabajo
La disputa sumará un capítulo decisivo el próximo 5 de febrero, fecha en la que se fijó una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Allí, los representantes de los trabajadores exigirán formalmente un plan de reubicación para el personal afectado y el cese de los cierres previstos para marzo.
Mientras tanto, la incertidumbre crece en ciudades como Funes, donde la sucursal de Yrigoyen y Santa Fe también es observada de cerca debido a las versiones de reestructuración. El gremio no descarta profundizar las medidas de fuerza, incluyendo paros totales de actividades, si no obtienen una respuesta satisfactoria que preserve la integridad de las fuentes laborales y la atención a los jubilados y comercios de la región.
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