La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rompió el silencio tras las intimaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ). A través de un extenso documento, la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia rechazó las acusaciones de irregularidades administrativas y defendió la legalidad de sus operaciones contables entre 2017 y 2024.
"La única verdad es la realidad": el fuerte descargo de la AFA
Bajo un título que remite directamente a una de las frases más emblemáticas de Juan Domingo Perón, la AFA presentó formalmente sus descargos. En el escrito, la institución buscó desmentir las declaraciones del inspector general Daniel Roque Vítolo, quien había cuestionado la transparencia de la gestión y el reciente cambio de domicilio de la entidad a la Provincia de Buenos Aires.
"La Asociación informó que respondió formalmente la intimación y presentó los descargos contables correspondientes a los ejercicios 2017 a 2023", detalló el comunicado, negando de manera tajante cualquier tipo de incumplimiento. La dirigencia asegura que este movimiento busca llevar tranquilidad a sus clubes afiliados frente a lo que consideran una embestida mediática y política.
Polémica por la jurisdicción y la validez de los balances
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el traslado de la sede administrativa. La AFA desmintió que el cambio de jurisdicción haya sido ilegal o realizado de manera encubierta, argumentando que la decisión fue aprobada en una asamblea fiscalizada por veedores de la propia IGJ. Incluso, revelaron que el organismo emitió un certificado de vigencia en noviembre de 2024 que avalaba el trámite.
Respecto a los estados contables, la entidad aseguró que todos fueron presentados en tiempo y forma. Según explicaron, solo recibieron una observación formal por el ejercicio 2017, la cual fue respondida. "El resto de las observaciones invocadas públicamente nunca fueron notificadas conforme lo exige la normativa", subrayaron desde la calle Viamonte, denunciando además demoras de hasta tres años en el análisis de expedientes por parte del organismo de control.
Los límites del control estatal y la fiscalización actual
La conducción de Tapia fue contundente al marcar los límites de la intervención de la IGJ. Recordaron que el organismo estatal no posee facultades para aprobar o desaprobar los balances, ya que esa es una función soberana de los socios de la institución. En este sentido, la entidad remarcó que su rol se limita estrictamente al control de la legalidad formal de los actos administrativos.
Actualmente, la AFA se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Con este argumento, la asociación rechazó las acusaciones de haber "escapado" de la Capital Federal. "No le doy bola, no estoy imputado", había manifestado recientemente el propio Tapia al ser consultado sobre las denuncias, minimizando el impacto judicial de las acusaciones en su contra.
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