La provincia de Santa Fe consolidó su estrategia contra el comercio minorista de drogas al presentar la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico. Esta medida ratifica el enfoque de la gestión actual: concentrar la persecución penal en los puntos de venta de estupefacientes que se encuentren directamente ligados a hechos de violencia extrema, como homicidios, balaceras y extorsiones.
Un enfoque selectivo: evitar la criminalización del consumo
La fiscal general, María Cecilia Vranicich, destacó que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) adoptó criterios específicos para diferenciar los casos. La política oficial busca evitar la persecución de los consumidores y priorizar los recursos judiciales en aquellos sectores donde el narcomenudeo altera la paz social mediante el uso de armas.
En situaciones donde la venta de drogas no está asociada a dinámicas violentas, el sistema promueve salidas alternativas como la probation o condenas condicionales. “Lo que tratamos de hacer es identificar quiénes son estas personas que venden, pero que todavía no están en un círculo de violencia”, explicó Franco Carbone, jefe de la flamante unidad especial.
Impacto territorial y desactivación de búnkeres
Desde la implementación de la Ley 14.239 hace dos años, la provincia ha logrado la inactivación de 99 puntos de venta de drogas, conocidos comúnmente como búnkeres. Estas intervenciones se realizan bajo un análisis riguroso de mapas del delito y denuncias vecinales que señalan lugares donde el comercio de sustancias genera heridos de arma de fuego.
En Rosario, donde la problemática ha tenido su expresión más crítica, el trabajo se intensificó con equipos específicos. En los últimos tres meses, unas 80 personas fueron imputadas en libertad con resoluciones anticipadas de las causas, buscando una eficiencia procesal que no sature el sistema penitenciario con casos menores.
Datos oficiales y despliegue en toda la provincia
La nueva estructura judicial cuenta con 11 fiscales distribuidos estratégicamente en las principales ciudades: Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela. Esta red federal dentro de la provincia busca uniformidad en los criterios de investigación para desarticular las redes que financian la violencia barrial.
Las estadísticas oficiales reflejan el alcance de la medida: se han imputado a 2.500 personas sobre un total de 12.000 denuncias recibidas. Del total de imputados, el 80% son varones y el 20% mujeres, marcando una clara tendencia en el perfil de quienes operan estas bocas de expendio minorista.
El balance del gobierno y el desafío para 2026
El gobernador Maximiliano Pullaro defendió la ley como una herramienta clave para reducir la tasa de homicidios, la cual bajó significativamente respecto al inicio de su gestión. “Hay una decisión del Estado de no retroceder en la lucha contra quienes enferman a la sociedad vendiendo drogas”, sentenció el mandatario provincial durante el acto oficial.
Para el próximo año, el desafío del MPA será sostener esta tendencia a la baja de la violencia. La meta es profundizar un abordaje estratégico que logre un equilibrio entre la sanción penal efectiva a los grupos violentos y la búsqueda de salidas tempranas para conflictos de menor impacto social, recuperando así la tranquilidad en los barrios más afectados.
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