El Concejo Municipal de Rosario aprobó una nueva ordenanza que declara al arbolado público como patrimonio natural y cultural de la ciudad, un logro impulsado por organizaciones proteccionistas tras un año y medio de debate. La norma, sancionada en la última sesión ordinaria del año, busca brindar una protección más rigurosa a las especies verdes y establece un sistema de sanciones más severo para quienes realicen podas, extracciones o intervenciones sin la debida autorización municipal.
Esta legislación reemplaza a la ordenanza de 1991, buscando adecuarse al desarrollo urbanístico actual y al contexto de emergencia climática global, reconociendo el papel esencial de los árboles para garantizar un ambiente sano. La iniciativa establece de interés público la promoción, conservación y manejo del arbolado en veredas, parques, plazas y espacios verdes, entendiendo que "una ciudad sin árboles no tiene futuro, se transforma en insalubre e invivible", según referentes del sector.
🌳 El Arbolado Público: Un Bien Colectivo Clave para la Salud Ambiental
La nueva ordenanza fundamenta su protección en las múltiples funciones del verde urbano, que van desde la reducción de la contaminación ambiental y la regulación de la temperatura hasta la mitigación del efecto de la isla de calor urbano. Estos ejemplares son vitales para mejorar la salud física y mental de los habitantes, promover la biodiversidad y capturar dióxido de carbono.
La declaración de patrimonio implica que estas especies son consideradas "un bien colectivo que debe protegerse igual que un edificio histórico o un monumento," tal como destacó una referente de la ONG Protegiendo Nuestros Árboles Rosario. Esto reconoce a los árboles como parte de la memoria urbana y la salud ambiental, haciendo prioritaria su conservación para el futuro de la ciudad. El último censo de 2015 contabilizó cerca de 420 mil ejemplares en la vía pública, con un promedio de 13,86 árboles por cuadra.
📜 Planificación, Especies Nativas y Prohibición de Intervenciones Ilegales
La Secretaría de Ambiente y Espacio Público será la autoridad de aplicación, encargada de elaborar un plan de gestión integral del arbolado público y una planificación anual con metas claras de conservación y arborización. Además, la normativa exige la realización de un censo georreferenciado cada diez años, clave para un manejo eficiente del patrimonio verde.
Una novedad importante es la promoción de la plantación de especies nativas en espacios públicos, buscando que en un plazo de cinco años la mitad de las especies utilizadas para forestación provengan de la flora local. En cuanto a las podas, se limita su realización a la estricta necesidad y prohíbe las intervenciones en épocas críticas como brotación o floración, priorizando la salud del ejemplar.
La ordenanza prohíbe expresamente a particulares o empresas realizar cortes, podas o extracciones sin autorización. También quedan vedados el hormigonado de canteros o cazuelas y el vertido de residuos o elementos dañinos sobre las raíces. Los incumplimientos acarrearán las multas previstas en el Código de Convivencia, que podrán complementarse con la obligación de realizar talleres de concientización o tareas de reparación ambiental. En casos de obras en construcción, se contempla incluso la posibilidad de clausura de los trabajos.
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