El Poder Ejecutivo Nacional comenzó a diseñar un esquema técnico para reasignar partidas presupuestarias destinadas a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. La medida busca dar respuesta a las normativas vigentes tras la caída del capítulo XI del Presupuesto 2026, bajo la premisa innegociable de mantener el equilibrio fiscal.
Reasignación de fondos y el cumplimiento del déficit cero
La estrategia oficial, coordinada por los equipos técnicos de la Jefatura de Gabinete, apunta a la utilización de facultades administrativas para redistribuir los créditos vigentes. El objetivo es implementar los aumentos de acuerdo a la interpretación oficial del alcance de las normas, asegurando que cada movimiento contable se ajuste estrictamente a la recaudación real.
En los despachos de Balcarce 50 descartan que el financiamiento de estas áreas provenga de un recorte exclusivo sobre las transferencias a las provincias. La intención es emitir decretos de ejecución mensual que permitan monitorear el gasto en tiempo real, vinculando las partidas a la evolución de las metas fiscales y la actualización de las cuentas de referencia.
El impacto fiscal en la educación y las prestaciones sociales
La Ley de Financiamiento Universitario representa un desafío presupuestario significativo para la administración central. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo estimado de esta norma es de $738.595 millones, lo que equivale a un 0,14% del PBI, contemplando tanto salarios como gastos de funcionamiento.
Por otro lado, la Ley de Discapacidad, que declara la emergencia nacional en el sector, proyecta un impacto fiscal cercano al 0,42% del PBI. Desde el Gobierno advierten que el texto legal carece de precisión sobre los universos de beneficiarios, lo que genera incertidumbre sobre la incorporación de personas a las Pensiones No Contributivas y al sistema de salud.
Propuestas de modificación y estrategia legislativa
A pesar de avanzar con el decreto de reasignación, el oficialismo mantiene firme su intención de derogar ambas leyes en el corto plazo. “Los aumentos los vamos a hacer a nuestro gusto, como hicieron todos los gobiernos”, deslizaron fuentes oficiales, señalando que buscarán esquemas de actualización más acotados y controlados.
Para el sector universitario, la contrapropuesta oficial sugiere un incremento del 20% en gastos de funcionamiento respecto a 2025, sumado a una recomposición salarial escalonada que iniciaría con un 5% en diciembre. En cuanto a discapacidad, el plan es fijar las pensiones en un 70% del haber mínimo jubilatorio, estableciendo parámetros previsionales claros para contener la expansión del gasto.
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