En un fallo con fuertes implicancias políticas y presupuestarias, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dictó una medida cautelar que suspende el decreto del Poder Ejecutivo mediante el cual se intentó frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución del juez Martín Cormick obliga a la gestión de Javier Milei a ejecutar las partidas necesarias para garantizar los salarios de docentes y no docentes, además de actualizar las becas para los alumnos.
La decisión judicial llega tras meses de tensión entre el Ministerio de Capital Humano y la comunidad educativa. El magistrado consideró que existe un deber claro por parte del Estado, especialmente luego de que el Congreso Nacional ratificara la ley por mayoría tras el veto presidencial. Para la Justicia, el Ejecutivo no tiene facultades constitucionales para suspender mediante un decreto administrativo una norma que fue ratificada por ambas cámaras legislativas.
El impacto en el derecho a la educación y los salarios
Uno de los puntos centrales del fallo radica en el reconocimiento del daño que la falta de fondos genera en el sistema público. Según Cormick, el congelamiento de recursos no solo afecta los ingresos de los trabajadores, sino que pone en riesgo el funcionamiento mismo de las instituciones educativas.
“El deterioro salarial tiene una incidencia no sólo sobre el colectivo demandante sino sobre el efecto de su trabajo -esto es, una afectación del Derecho a enseñar y aprender del artículo 14 de la Constitución Nacional”, destacó el magistrado en sus fundamentos.
Asimismo, la Justicia desestimó el argumento oficial sobre el impacto fiscal de la medida. El juez remarcó que, en esta instancia del proceso, la inversión requerida representa un “ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global” de la Administración Pública Nacional en comparación con el perjuicio que genera la desactualización de los montos.
Los alcances de la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795, que ahora el Gobierno deberá cumplir por mandato judicial, establece un esquema de actualización automática para evitar que la inflación licue el presupuesto educativo. La normativa busca dotar de previsibilidad a las casas de estudio en un contexto de alta volatilidad económica.
Entre los ejes principales de la ley se encuentran:
Actualización por IPC: Los presupuestos universitarios deben ajustarse según la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC.
Recomposición salarial: Los haberes de docentes y no docentes deben ser remunerativos y bonificables, eliminando las sumas "en negro".
Paritarias mensuales: Se establece la obligación de convocar a paritarias con actualizaciones que no podrán ser inferiores a la inflación mensual.
Refuerzo de becas: El fortalecimiento de programas de asistencia para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Un freno a las facultades administrativas del Ejecutivo
El fallo también cuestionó que el Gobierno haya utilizado la Ley 24.629 para justificar la suspensión del financiamiento. El juez argumentó que una norma de menor rango o una interpretación administrativa no pueden pasar por encima de un mandato constitucional explícito ni de la voluntad del Congreso en el ejercicio de sus funciones.
La medida cautelar se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. Mientras tanto, la Casa Rosada deberá readecuar las partidas presupuestarias para cumplir con lo dispuesto por la Justicia, en un escenario donde el conflicto universitario vuelve a ganar centralidad en la agenda pública.
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