La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró este lunes la decisión del Poder Ejecutivo de postergar hasta febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Para la cúpula sindical, este movimiento representa un "gran triunfo táctico" fruto de la presión gremial y la falta de votos del oficialismo, aunque advirtieron que el conflicto escalará a los tribunales si el texto no sufre modificaciones sustanciales.
El riesgo de la judicialización y el freno en el Senado
Desde la central obrera sostienen que el proyecto impulsado por la gestión de Javier Milei contiene vicios legales que lo vuelven vulnerable ante impugnaciones judiciales. Jorge Sola, dirigente del gremio del Seguro y miembro del triunvirato de conducción de la CGT, fue tajante al respecto: “Se van a chocar con una pared. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina van a tener muchos líos”.
La postergación del debate, que originalmente se preveía para antes de fin de año, respondió según el sindicalismo a un "trabajo silencioso" realizado con gobernadores y legisladores de diversos bloques. En este sentido, Sola reveló que incluso mantuvieron contactos con la senadora Patricia Bullrich para advertir sobre las falencias de la iniciativa. “Se dieron cuenta de que no tenían los números para sacarla como querían”, remarcó el dirigente.
Un diagnóstico crítico sobre el empleo y las Pymes
La CGT fundamenta su rechazo en la delicada situación que atraviesa el mercado de trabajo formal. Según cifras difundidas por la entidad, en los últimos dos años se perdieron aproximadamente 200.000 empleos registrados y cerraron sus puertas más de 18.000 pequeñas y medianas empresas. El sector sindical argumenta que los cambios en las reglas laborales no son, por sí solos, generadores de puestos de trabajo genuinos.
“Todos los días cierran 30 pymes y todos los días hay 400 trabajadores menos”, detalló Sola en declaraciones radiales. Para la central obrera, el problema no radica en el costo del despido, sino en la asfixia impositiva que sufren las unidades productivas, donde los tributos nacionales, provinciales y municipales representan entre el 30% y el 40% de los costos operativos.
Diálogo y hoja de ruta para el verano
A pesar de las críticas, la CGT aseguró mantener una "mirada propositiva" sobre la modernización de los convenios, pero exigió que el diálogo sea integral. En ese sentido, reclamaron que el Gobierno escuche a todos los actores económicos y no limite la discusión a una negociación cerrada en el Congreso. “Es absolutamente necesario que el Gobierno escuche a todos los sectores, no solamente al de los trabajadores”, planteó la conducción gremial.
De cara al reinicio de la actividad parlamentaria en febrero, la hoja de ruta sindical incluye intensificar las reuniones con senadores de distintos bloques que ya han mostrado disidencias con el proyecto oficial. La advertencia final de la calle Viamonte es clara: si el Ejecutivo no habilita instancias de consenso real, la conflictividad volverá a trasladarse a las calles y a los estrados judiciales durante el primer trimestre de 2026.
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