En un nuevo paso hacia la reestructuración del Estado, el Gobierno nacional anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida, que se hará efectiva tras la aprobación del presupuesto, implica que todas sus competencias y funciones operativas serán absorbidas por el Ministerio de Salud de la Nación.
Auditorías y reducción de la estructura jerárquica
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fundamentó la decisión en la necesidad de eliminar "capas burocráticas" y sanear un organismo que presentaba un marcado descontrol administrativo. La disolución contempla la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica del área.
“Un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan donde tienen que ir”, señaló el funcionario durante su habitual conferencia de prensa. Asimismo, Adorni llevó tranquilidad a los beneficiarios actuales al aclarar de forma tajante que la medida no afectará la continuidad de la asistencia: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”.
Denuncias por corrupción e irregularidades detectadas
El anuncio se produce en medio de una investigación judicial sobre presuntas coimas y malversación de fondos dentro del organismo. Según detalló el vocero presidencial, las auditorías previas detectaron que familiares de personas fallecidas seguían percibiendo beneficios y que existían médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico.
Para ilustrar las falencias de control, Adorni citó el caso de una fundación en la provincia de Buenos Aires que facturaba servicios escolares inexistentes. “Se encontró una vivienda precaria sin agua ni electricidad, solo con suciedad, moho y escombros”, apuntó el jefe de Gabinete sobre el domicilio legal de dicha entidad, utilizada para el desvío de fondos públicos.
El impacto en las prestaciones y la reacción opositora
Desde el Poder Ejecutivo aseguraron que el Ministerio de Salud garantizará la trazabilidad de los expedientes mediante auditorías permanentes. El objetivo oficial es aplicar un criterio estrictamente sanitario y transparente en la asignación de recursos, buscando eliminar las discrecionalidades denunciadas en la gestión anterior.
Sin embargo, la medida despertó fuertes críticas en el Congreso Nacional. Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, calificó la decisión como un “plan de impunidad” destinado a ocultar irregularidades. En la misma línea, el diputado Esteban Paulón sostuvo que el desmantelamiento busca encubrir tramas de corrupción vinculadas a la actual administración.
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