El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves un régimen excepcional de alivio fiscal destinado a sostener los servicios de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. La iniciativa, impulsada por el concejal Leonardo Caruana (FAS), responde al desfasaje económico entre los costos operativos reales y los montos fijados por el Estado, una situación que pone en riesgo la continuidad de centros de día, hogares y transportistas especializados.
La ordenanza, aprobada por la totalidad de los ediles, establece la exención y condonación de impuestos municipales clave. El objetivo principal es mitigar el impacto del desfinanciamiento nacional en el sector, el cual, según advierten las agrupaciones, se encuentra al borde del colapso.
Alerta en el sector: “Se está desarticulando el sistema de atención”
La aprobación de la medida municipal se da en un contexto de profunda preocupación para el sector, que el miércoles pasado, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reclamó la urgente aplicación de la Ley de Emergencia sancionada por el Congreso, pero aún no promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Mariel Chapero, titular de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), alertó sobre la gravedad de la situación, afirmando que “el sistema de atención a la discapacidad se está desarticulando y varias entidades van a dejar de prestar servicios, porque no se pueden sostener”. La referente cuestionó la falta de previsión al señalar que el Presupuesto 2026 enviado por el oficialismo al Congreso no contempla la ley de emergencia.
Exenciones y condonaciones para sostener servicios esenciales
El proyecto aprobado en Rosario sigue la línea de otras medidas excepcionales adoptadas por el municipio en momentos críticos, como las aplicadas durante la pandemia o las exenciones a taxis. El concejal Caruana, ex secretario de Salud, destacó la función de estas organizaciones: "Garantizan la continuidad de terapias y tratamientos fundamentales para la calidad de vida de miles de personas con discapacidad".
La ordenanza establece un régimen de alivio fiscal por 180 días. Específicamente, se exime a las instituciones del pago del Derecho de Registro e Inspección (Drei) y la Tasa General de Inmuebles (TGI) entre julio y diciembre de 2025. Además, se incluye la condonación total de la deuda por estos mismos tributos generada entre enero y junio de 2025.
Vía judicial y responsabilidad del Estado local
Si bien la principal responsabilidad de financiamiento recae en la Nación, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el proyecto subraya que la Municipalidad "no puede ser indiferente frente a instituciones que sostienen derechos esenciales". La provincia de Santa Fe ya incorporó mecanismos de alivio extraordinarios en su Ley Tributaria 2025, lo que refuerza la necesidad de la acción a nivel local.
Desde Apridis, en tanto, informaron su adhesión al amparo colectivo presentado en el Juzgado Federal de Campana. Chapero argumentó que “la vía judicial es la única forma que queda para se cumpla con la ley” ante la falta de respuesta de los otros poderes del Estado. Caruana, por su parte, concluyó que “ante la crueldad y el ajuste, la solidaridad, la inclusión, el apoyo y la ternura siguen siendo actos revolucionarios”.
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