Una conductora profesional oriunda de Rosario, Dolores Guldris, puso en jaque las políticas de contratación del transporte de larga distancia al iniciar una acción de amparo colectivo por discriminación de género. La demanda, tramitada ante la Justicia Federal del Trabajo, denuncia el rechazo sistemático de mujeres en puestos de conducción, incluso cuando cumplen con todas las credenciales técnicas y legales requeridas.
El origen del conflicto: una selección con final abrupto
La historia comenzó en 2023, cuando una reclutadora de la empresa Chevallier contactó a Guldris a través de LinkedIn, motivada por su destacada participación en concursos de conducción de carga pesada. Junto a otras tres aspirantes, la rosarina se sometió a rigurosos exámenes psicofísicos y pruebas de manejo en circuitos de alta complejidad en Capital Federal.
“De las cuatro aspirantes, yo era la única de Rosario. A todas nos fue muy bien: pasamos la entrevista, el psicofísico y la prueba de manejo. Sin embargo, nos sorprendió porque después nos enviaron un mensaje para decirnos que lamentaban la decisión, pero no iban a poder contratarnos”, relató Guldris. La conductora subrayó que no existía ningún impedimento técnico, ya que posee licencias nacionales para transporte de pasajeros y cargas, además de formación acreditada en el sector.
Datos oficiales: un sector con barreras de género
La demanda cuenta con el respaldo del Ministerio Público de la Defensa (MPD), que solicitó informes a la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) para analizar la nómina de la compañía. Los resultados fueron contundentes: en marzo de 2024, la planta de choferes de la firma estaba compuesta por 291 varones y ninguna mujer.
Desde el organismo señalaron que la exclusión es una tendencia estructural en el transporte interjurisdiccional. Mientras que en el mercado laboral general argentino las mujeres ocupan el 43,4% de los puestos, en la conducción de larga distancia apenas alcanzan el 0,25%. “No había nada que indicara que yo no estaba capacitada para manejar un colectivo”, insistió Guldris, quien desde 2021 integra el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (Remacc).
La respuesta de la empresa y el apoyo institucional
Por su parte, la firma de transporte negó rotundamente haber incurrido en actos discriminatorios. A través de sus representantes legales, calificaron la demanda como una "invención" alejada de los hechos reales. Sin embargo, un dato llamó la atención de la querella: apenas un mes después de presentada la denuncia judicial, la empresa contrató a su primera choferesa, lo que fue interpretado como una medida reactiva ante el proceso legal.
El caso escaló hasta el Concejo Municipal de Rosario, donde se aprobó un proyecto impulsado por la concejala Fernanda Gigliani para brindar acompañamiento institucional a Guldris. El objetivo es que este proceso siente un precedente legal que obligue a las empresas del sector a adoptar medidas de acción positiva, garantizando que el acceso al volante dependa de la capacidad técnica y no del género de quien conduce.
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