La Justicia federal de Lomas de Zamora realizó un operativo en las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una causa que investiga una red de corrupción y cartelización en el suministro de alimentos para los penales. La medida, dispuesta por el juez Federico Villena, apunta a presuntos vínculos espurios entre la cúpula del servicio y empresas proveedoras que entregaban comida contaminada a los internos.
El escándalo del teléfono "extraviado" y la sospecha de filtración
El allanamiento estuvo marcado por un fuerte cruce entre el funcionario y los efectivos policiales. Martínez intentó eludir el secuestro de su teléfono móvil entregando inicialmente un dispositivo antiguo y fuera de uso. Al ser intimado para que entregara su celular habitual, el director del SPF aseguró que lo había "extraviado" esa misma mañana.
Sin embargo, las pericias técnicas contradijeron su versión: un informe de antenas reveló que el dispositivo tuvo actividad en la zona de Barracas apenas una hora antes del procedimiento. Esta situación llevó al magistrado a sospechar que Martínez recibió una filtración previa y se deshizo del aparato para destruir pruebas que podrían comprometerlo en la investigación.
Cartelización y alimentos con bacterias en Ezeiza
La causa se originó tras reiteradas denuncias por el estado de las viandas en el penal de Ezeiza. Informes de la ANMAT confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles peligrosos para la salud humana. Ante esta situación, el juez Villena decidió prohibir las operaciones de la empresa Foodrush, aunque la solución fue solo superficial.
Los investigadores detectaron que la nueva prestataria, Bio Limp, utilizaba la misma logística que la firma sancionada: "Se detectó que la nueva empresa usaba los mismos camiones, empleados y facturaba sumas millonarias a la firma anterior, funcionando como una fachada". El propio juez, en una inspección ocular, llegó a probar el alimento y sufrió una descompensación inmediata por el mal estado de la comida.
Vínculos políticos y una camioneta bajo sospecha
Fernando Martínez asumió su cargo en marzo de 2024, en el inicio de la gestión bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. No obstante, su situación se complicó al descubrirse que se desplazaba en un vehículo de alta gama secuestrado a nombre de Enrique “Quique” Antequera, un referente de la feria La Salada que actualmente se encuentra prófugo.
Pese a que la fiscal Cecilia Incardona planteó cuestionamientos sobre la nulidad del operativo, el juez cuenta con el aval de la actual conducción del Ministerio de Seguridad. El objetivo de la justicia es desarticular lo que definen como "mafias enquistadas hace muchos años" que lucran con las carencias del sistema carcelario argentino y ponen en riesgo la salud de la población penitenciaria.
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