El bloque de diputados del PRO reafirmó este domingo su rechazo a la reciente designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). A través de un duro comunicado, el espacio liderado por Cristian Ritondo negó haber facilitado la votación al retirarse del recinto y aseguró que el nombramiento de los auditores es el resultado de un acuerdo político previo entre La Libertad Avanza (LLA), Unión por la Patria e Innovación Federal.
Un procedimiento bajo cuestionamiento legal
La principal objeción del partido fundado por Mauricio Macri radica en la supuesta ilegalidad del proceso. Según explicaron desde el bloque, la decisión de abandonar sus bancas no fue una omisión estratégica, sino una postura ética para no convalidar un acto que consideran viciado. “Nuestro retiro del recinto no tuvo como fin ‘facilitar’ la votación, sino no convalidar con nuestra presencia un procedimiento abiertamente inconstitucional”, sentenciaron.
El PRO sostiene que la sesión, realizada durante la madrugada, violó el artículo 63 de la Constitución Nacional, ya que el tema de las designaciones no estaba formalmente incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Bajo esta premisa, argumentan que permanecer en el recinto, incluso para votar en contra, hubiera significado otorgar legitimidad a un debate que consideran nulo.
El factor numérico y el pacto político
Desde la fuerza opositora desestimaron las versiones que los señalan como cómplices indirectos del oficialismo. Para el PRO, los números en la Cámara Baja son contundentes: la aprobación de los pliegos de Pamela Caletti, Mónica Almada y José Forlón se logró con 189 votos, una cifra que superaba con holgura las mayorías necesarias.
“El acuerdo ya estaba cerrado. La Libertad Avanza, el kirchnerismo y el bloque de Innovación Federal ya contaban con los votos necesarios. El resultado estaba definido de antemano y no dependía matemáticamente del PRO”, detallaron. Esta lectura política profundiza la distancia entre el macrismo y el Gobierno, luego de que LLA decidiera negociar directamente con el peronismo en el marco del debate por el Presupuesto 2026.
La ofensiva judicial contra los nuevos auditores
Ante lo que consideran un "atropello institucional", el bloque amarillo decidió trasladar la pelea al ámbito de los tribunales. Ya se presentó una acción de amparo para impugnar los nombramientos, bajo el argumento de que las designaciones carecen de competencia funcional y afectan el debido proceso legislativo.
En el escrito presentado ante la Justicia y la propia AGN, el PRO insiste en que los actos derivados de esta votación son “insanablemente nulos” según los principios del derecho público argentino. Mientras el Gobierno confía en que la tensión se disipará y el acompañamiento parlamentario del PRO continuará, el partido de Macri apuesta a que sea el Poder Judicial quien ponga un freno a la nueva conformación del organismo de control.
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