El debate sobre el derecho a una muerte digna ha llegado al Congreso argentino con la presentación de un proyecto de ley impulsado por la Unión Cívica Radical (UCR). La iniciativa busca regular la eutanasia y la muerte médicamente asistida en todo el territorio nacional, tomando como referencia experiencias internacionales recientes, como la de Uruguay.
El proyecto, liderado por el diputado mendocino Lisandro Nieri y acompañado por figuras como Karina Banfi y Martín Tetaz, tiene como objetivo establecer un marco legal que permita a pacientes con padecimientos incurables y limitantes solicitar ayuda médica para morir bajo estrictos resguardos y controles.
Requisitos y Procedimientos Rigurosos
La iniciativa establece que el derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir es exclusivo de personas adultas que padezcan una enfermedad grave, crónica o incurable. El procedimiento exige un alto nivel de control y garantías:
Solicitud Reiterada: El pedido debe ser formulado de manera voluntaria y por escrito en dos ocasiones, con una separación mínima de quince días entre cada solicitud.
Comisión Evaluadora: Cada caso será revisado obligatoriamente por una comisión médica multidisciplinaria, que incluye profesionales de la salud y un jurista especializado, quienes deben emitir un dictamen en un máximo de cinco días.
Reversibilidad: El paciente tiene el derecho de desistir de su decisión en cualquier momento, sin trámites ni demoras.
Plazos: Una vez aprobado el pedido por la comisión, la prestación deberá realizarse en un máximo de diez días.
El proyecto también contempla que mayores de dieciséis años y personas con capacidades restringidas puedan ejercer este derecho bajo salvaguardas legales específicas.
Cobertura, Código Penal y Objeción de Conciencia
El texto propuesto introduce modificaciones cruciales en el ámbito legal y sanitario para garantizar la operatividad de la ley:
Gratuidad y Obligatoriedad: El sistema de salud, tanto público como privado, tendrá la obligación de garantizar la prestación, cubriendo todos los costos. Si un establecimiento objeta, debe derivar al paciente y asumir los gastos.
Modificación del Código Penal: Se proponen los artículos 83 bis y 83 ter para excluir la responsabilidad penal de los profesionales médicos que actúen conforme a la ley. La muerte resultante será considerada legalmente como muerte natural.
Objeción de Conciencia: El personal sanitario podrá ejercerla, pero debe informarlo por anticipado y por escrito, y sin interferir en el acceso del paciente a la práctica.
Nieri destacó que la propuesta busca "garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios". El proyecto se apoya en los principios de la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Muerte Digna, y busca humanizar el final de la vida, siguiendo la línea de países como España y Canadá.
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