Un total de 14 policías, incluyendo al exjefe de la Unidad Regional II de Rosario, Daniel Alejandro Acosta, permanecerán en prisión preventiva por seis meses. Así lo dispuso el juez Gustavo Pérez de Urrechu, quien los imputó como miembros de una asociación ilícita que operaba un millonario fraude con la carga de combustibles desde hace al menos dos años.
Acosta, extitular de la URII hasta hace seis meses, está señalado como el líder de la organización. La medida cautelar regirá hasta el 14 de mayo de 2026 para 13 de los uniformados, mientras que para un catorceavo se dispuso la prisión "por el plazo de ley". La causa ya suma 28 imputados, incluyendo cuatro civiles.
La Cúpula Acusada de Liderar el Fraude
Junto a Acosta, que fue detenido el jueves, se encuentran otros nueve exjefes de distintas reparticiones de la Jefatura rosarina. Entre ellos figuran el exjefe de Logística, Roberto Blanco, el exjefe de Comando Radioeléctrico, Diego Santamaría, y el exjefe del Cuerpo Guardia de Infantería, Diego Luna.
A la lista se suman cuatro uniformados que ya estaban detenidos previamente y a quienes se les prorrogó la medida tras agregarles la imputación por asociación ilícita. Entre ellos se encuentra Rodrigo Domínguez, exjefe de la Secretaría Privada, señalado por el fiscal como el organizador de la banda.
Además de la asociación ilícita, los policías están imputados por cohecho pasivo, peculado de caudales públicos y como partícipes primarios de defraudación agravada por afectar a la administración pública. A cinco de los acusados se les agregó la imputación por falsedad ideológica.
El Corazón de la Maniobra Ilegal
El fiscal José Luis Caterina situó el origen de la agrupación a fines de mayo de 2023 con la asunción de Acosta, consolidándose en el "corazón de la Unidad Regional II". Según la acusación, la finalidad era "garantizar un circuito ascendente y continuo de retornos o beneficios de actividades ilícitas".
La maniobra central era el fraude con combustibles, operado mediante un acuerdo con la empresa Gas Auto Tiferno, dueña de una estación de servicio en Ovidio Lagos al 3900.
Sobrefacturación o "Facturación Fantasma": Los móviles policiales cargaban combustible, pero se generaba una sobrefacturación (gastaban más de lo que realmente cargaban).
Retorno Ilegal: La ganancia ilegítima de la empresa era retirada en efectivo por los jefes de sección, quienes debían entregar el dinero a la cúpula de la URII.
Domínguez era el encargado de recolectar el dinero en efectivo cada 15 días. La acusación detalla que el incumplimiento en los pagos con los superiores generaba castigos que iban desde "multas" en efectivo hasta el cobro en especie, como "un whisky caro o un costillar para la parrilla". El mecanismo generaba un perjuicio económico y malestar en los subordinados por la "dureza de las sanciones".
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