Un grave conflicto financiero entre la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) pone en riesgo el servicio eléctrico de miles de familias. La cooperativa, que acumula una deuda de $6.000 millones con la distribuidora estatal, notificó formalmente a la provincia que analiza aplicar cortes programados en 33 barrios populares de la ciudad.
Mediante una carta documento dirigida al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, la entidad justificó la medida por el impacto del consumo clandestino. El titular de la cooperativa, Enrique Gomara, advirtió que el "42 por ciento de la energía adquirida a la EPE es hurtada" en sectores vulnerables, donde residen unas 8.200 familias, situación que, aseguran, explica el rojo financiero.
La Provincia Exige Regularización y Evita Confrontar
Desde el gobierno provincial rechazaron la advertencia como una "disputa judicial" y mantuvieron una postura firme. Fuentes de la cartera de Desarrollo Productivo señalaron que la cooperativa tiene la obligación de "regularizar su situación" y destacaron que la de Villa Gobernador Gálvez es la única cooperativa de la provincia que no está al día con la EPE.
En Casa Gris consideran que condonar la deuda sería una medida injusta para las demás cooperativas que sí cumplen con sus pagos. Además, deslizaron que en el ente de Villa Gobernador Gálvez existe una "escasa voluntad de cobro con la luz" en los sectores de consumo irregular.
El Riesgo Social y la Negativa a Entregar el Servicio
El conflicto escaló y fue interpretado por el Gobierno como un movimiento que busca generar tensión social. Un eventual corte de energía en los barrios populares, sumado al inminente inicio de la temporada de altas temperaturas, podría desencadenar protestas y bloqueos que afectarían la actividad económica de empresas clave de la zona, como Swift, Unilever y Paladini.
En este contexto, la provincia habría propuesto al intendente Alberto Ricci que, si la cooperativa no puede sostener el servicio, entregue la operación a la EPE. Sin embargo, Ricci rechazó esta propuesta. La cooperativa, por su parte, acusa a la gestión provincial de no querer gestionar herramientas de refinanciamiento ante Cammesa, como se hizo en gestiones anteriores.
Mientras el gobierno analiza alternativas y mantiene el diálogo abierto, la postura oficial es clara: la deuda debe pagarse. La cooperativa insiste en que sin intervención estatal, el sistema se dirige a un colapso técnico y financiero que perjudicaría a toda la ciudad.
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