La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena a cuatro años de prisión impuesta al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once. El fallo, que consolida la responsabilidad penal del ex funcionario, abre la posibilidad de que sea detenido de manera inminente.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron por inadmisibles tanto los recursos presentados por la defensa de De Vido, que buscaba su absolución, como los de la Fiscalía, que pedía agravar la pena. De esta manera, la sentencia queda en condiciones de ser ejecutada.
La Ejecución de la Pena y la Posible Detención
Hasta el momento, Julio De Vido nunca estuvo privado de su libertad en el marco de esta causa judicial, que investigó la tragedia del 22 de febrero de 2012 que causó 52 muertes y 789 heridos. La confirmación de la condena por el máximo tribunal habilita al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) a ordenar su detención.
La condena contra De Vido es por el delito de administración fraudulenta, al haberse probado que no controló el destino de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). El ex ministro fue absuelto, en cambio, por el delito de estrago culposo.
Dada su edad, 75 años, el ex funcionario podría solicitar y recibir el beneficio del arresto domiciliario. Será el TOF 4, que llevó adelante el segundo juicio por la tragedia, el encargado de tomar la decisión final sobre la modalidad de cumplimiento de la pena.
El Cierre de un Largo Derrotero Judicial
La resolución de la Corte pone fin a una serie de recursos presentados por la defensa de De Vido, incluyendo un reciente intento por declarar prescripta la causa. El ex ministro había alegado que el plazo para que la condena quedara firme ya había vencido, un planteo que el TOF 4 y la Cámara Federal de Casación Penal habían negado previamente.
La tragedia de Once, ocurrida con un tren de la línea Sarmiento, es un hito judicial por la condena a altos funcionarios por su implicación en la gestión pública. El primer juicio, finalizado en 2015, había condenado ya al maquinista, a los propietarios y ex directivos de TBA, así como a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Con esta decisión, la Corte Suprema consolida la última instancia de revisión penal, cerrando el proceso judicial contra uno de los ex ministros de Planificación Federal con mayor permanencia en el cargo.
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