El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires dispuso un decomiso histórico en el marco de la conocida Causa Vialidad, por la cual la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez fueron condenados por administración fraudulenta contra el Estado. La medida judicial ordena la incautación de bienes e inmuebles por un valor actualizado de $684.990 millones.
La resolución fue firmada este 18 de noviembre de 2025 e impacta no solo en los condenados, sino también en sus sociedades vinculadas y en los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner, en calidad de titulares de activos identificados en el proceso. La cifra representa una actualización sustancial del monto fijado en la sentencia original.
El Criterio para la Actualización Récord
La sentencia que adquirió firmeza en junio de 2025 había fijado el decomiso inicial en $84.835 millones. El Tribunal adoptó una metodología de actualización propuesta por peritos oficiales y fiscales, que multiplicó el monto tras evaluar la depreciación monetaria y el valor de los activos.
La Justicia intima a los condenados a cubrir esta cifra millonaria. La medida incluye bienes inmuebles de las constructoras de Báez (Austral, Kank y Costilla, Gotti Hnos., entre otras), y propiedades que fueron cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.
El decomiso también afecta a otros condenados en la causa, como Nelson Periotti y José López. El tribunal previó la realización de bienes de estos funcionarios en caso de que los activos inicialmente incautados resulten insuficientes para cubrir el monto total.
Rechazo a los Argumentos de las Defensas
Las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los hijos de la ex presidenta solicitaron el rechazo de la medida, alegando la falta de nexo causal entre los bienes y el delito. También argumentaron insuficiencia probatoria y la supuesta vulneración de principios constitucionales.
Sin embargo, el tribunal consideró que la sentencia firme ya acreditó la existencia de beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner. Estos beneficios se derivaron de la adjudicación y ejecución irregular de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
La decisión se fundamenta en normativas nacionales e internacionales contra la corrupción, que obligan al Estado a recuperar los activos provenientes de delitos. El decomiso alcanza incluso a bienes transformados, sustituidos o mezclados con activos de origen lícito, siempre que exista una vinculación razonable con la maniobra delictiva.
El Destino de los Bienes
El Tribunal Federal 2 encomendó a la Fiscalía la tarea de identificar con precisión la situación jurídica de los activos. Además, comunicó la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine el destino de los inmuebles incautados.
Se estableció que la finalidad prioritaria del decomiso es la reparación del daño causado a la administración pública y a la sociedad, en línea con los estándares internacionales. El proceso de realización de los bienes se llevará a cabo conforme a las disposiciones legales y reglamentarias. La Fiscalía conserva la facultad de identificar nuevos bienes susceptibles de ser decomisados durante la ejecución de la sentencia.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.