El patrimonio de los diputados nacionales por Santa Fe ha vuelto a generar debate tras un relevamiento del sitio Chequeado sobre los datos de la Oficina Anticorrupción (OA). El informe revela que cinco de los 19 legisladores santafesinos en la Cámara baja no presentaron su declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2024, incumpliendo la Ley de Ética Pública. Esta situación se da mientras otros diputados exponen un patrimonio de cientos de millones de pesos, aunque especialistas advierten que las cifras oficiales no reflejan el valor real de mercado de los bienes.
Los Cinco Diputados de Santa Fe que Incumplieron la Ley de Ética Pública
Un total de cinco legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe no cumplieron con la obligación de informar sus bienes ante la Oficina Anticorrupción. El plazo reglamentario para la presentación de la declaración jurada patrimonial venció el pasado 31 de julio, pero estos diputados no la entregaron. Este incumplimiento alcanza al 26% de la representación santafesina en la Cámara baja. A nivel nacional, la falta de presentación afecta a 58 de los 257 diputados.
Los cinco diputados santafesinos que no presentaron su declaración jurada son:
Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad)
Verónica Razzini (Futuro y Libertad)
Luciano Laspina (PRO)
Romina Diez (La Libertad Avanza)
Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)
La Ley 25.188 de Ética Pública obliga a todos los funcionarios nacionales, incluidos los legisladores, a presentar anualmente esta documentación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La falta de sanciones inmediatas en el Congreso por no presentar la documentación en término pone en evidencia la debilidad de los mecanismos de control.
Los Diputados Santafesinos con Mayor Patrimonio Declarado
Del total de 19 legisladores de Santa Fe que ocupan una banca en el Congreso, los tres que declararon mayor patrimonio son Germana Figueroa Casas, Diego Giuliano y Roberto Mirabella. Los datos surgen del relevamiento de Chequeado sobre los documentos legales presentados ante la OA, con una última actualización al 30 de septiembre de 2025.
La diputada Germana Figueroa Casas (PRO) encabeza el listado de mayor patrimonio declarado entre los santafesinos con $1.378.674.000. Esta cifra la ubica en el puesto número 11 del ranking general de los 257 legisladores de la Cámara baja. La legisladora, cuyo mandato finaliza en 2025, informó la posesión de quince inmuebles: 12 viviendas en Rosario (siete en alquiler), un departamento en CABA, otro en Punta del Este (Uruguay) y una casa en Los Molles (San Luis). Además, declaró un vehículo Toyota Corolla Cross rural 2024.
En segundo lugar se encuentra Diego Giuliano (Unión por la Patria), con un patrimonio de $723.409.000, compuesto por catorce propiedades. Entre ellas se destacan tres departamentos y una casa en Rosario, dos viviendas, tres lotes y dos campos en Arequito, una casa quinta en Oliveros, una casa en Cariló y un lote en Carcaraná.
El podio lo completa Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe), quien declaró $491.495.000, producto de dos casas en Rafaela y un automóvil Toyota Camry 2012.
El Debate sobre la Valuación y la Transparencia
Otros legisladores santafesinos con importantes patrimonios declarados incluyen a Florencia Carignano (Unión por la Patria) con $235.979.000 y Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) con $160.174.000. En el extremo opuesto, se encuentran Melina Giorgi con $14.508.000 y Magalí Mastaler con $9.723.000.
Es fundamental destacar que las declaraciones juradas patrimoniales ante la OA no representan los patrimonios reales de los funcionarios. La razón principal es que los inmuebles y vehículos se declaran a valor fiscal, es decir, el precio asignado por el Estado para el cobro de impuestos, el cual es significativamente menor al valor de mercado.
El contador público Sebastián Domínguez explicó a Chequeado que la valuación fiscal es inferior porque las jurisdicciones provinciales no actualizan los valores de las propiedades anualmente, sino en períodos más largos, lo que distorsiona las cifras. Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, señaló: "Me parece que la discusión tiene que pasar por ahí y no porque pongan un valor real, porque el valor real también es muy relativo".
Especialistas en transparencia señalan que la Ley 26.857, vigente desde 2013, si bien amplió el universo de funcionarios obligados, representó un retroceso al dificultar el acceso al patrimonio de los familiares directos, que pasó a un anexo reservado, un punto clave para detectar conflictos de interés y enriquecimiento injustificado.
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