El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes 27.795 de Emergencia Pediátrica y 27.796 de Financiamiento universitario, tras haber sido rechazados los vetos presidenciales por el Congreso. Sin embargo, la administración decidió postergar su aplicación y dejarla en suspenso. La condición para su ejecución es que el Congreso de la Nación determine de manera fehaciente las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto, un requisito que el Poder Ejecutivo enfatiza que fue incumplido.
La Condición del Financiamiento y los Decretos Oficiales
La decisión de no ejecutar las leyes, que sigue el precedente de la normativa de Emergencia en Discapacidad, fue oficializada en el Boletín Oficial a través de los decretos 759/2025 y 760/2025. En ambos se destaca que el Congreso no especificó cómo solventar las erogaciones que implican las nuevas normas, lo que representa un incumplimiento de lo dispuesto por la ley 24.156. El Gobierno exige la precisión de los fondos para avanzar.
El Alto Costo de la Ley de Financiamiento Universitario
La ley de Financiamiento Universitario, sancionada para sostener a las casas de estudio públicas, establece la actualización automática de los gastos de funcionamiento. Estos deberán ajustarse bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. El decreto detalla que la variación del IPC entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024 fue del 34,89 %.
El costo fiscal asociado a esta ley es millonario: solo para el ejercicio en curso, el adicional estimado por gastos de funcionamiento asciende a $123.358.213.085. Para el año 2025, el costo total proyectado es de $1.069.644.600.000, mientras que en 2026 la cifra se dispara a $2.008.377.852.000.
Impacto Salarial y Becas en Universidades
En materia salarial, la ley dispone que los sueldos del personal docente y no docente se actualicen en un porcentaje no menor al IPC entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma. El Gobierno argumenta que, en ese lapso, la inflación acumulada fue del 220,45 %, mientras que los salarios aumentaron solo un 128,49 %.
Para equiparar los sueldos a la inflación, el incremento necesario sería del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025, según cálculos de Infobae. Adicionalmente, la norma exige incorporar al básico todas las sumas no remunerativas, lo que representa un aumento extra del 37,55 % para el personal no docente de ciertas categorías. Solo la equiparación salarial no docente implicaría un costo estimado de $178.984.054.000 en 2025 y $490.459.716.000 en 2026.
La legislación también ordena la actualización automática de los programas de becas estudiantiles según el IPC. Esto implicaría un costo estimado de $72.840.933.495 para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y $76.614.000.000 para el Programa de Becas Progresar.
Emergencia Pediátrica: Costo Fiscal y Advertencia Gubernamental
La ley de Emergencia Pediátrica, que tiene al hospital Garrahan como emblema, busca asegurar el acceso efectivo a la salud pediátrica, garantizar el funcionamiento de hospitales infantiles públicos y fortalecer los sistemas de residencias médicas. Sus puntos centrales incluyen la asignación prioritaria de recursos para insumos y personal esencial, la recomposición inmediata de salarios del personal de salud que atiende a niños y la exención del Impuesto a las Ganancias para horas extras y guardias en efectores.
El costo fiscal estimado para implementar esta legislación asciende a $196.270.000.000. El Ejecutivo advierte que esta cifra supera ampliamente el déficit actual del ministerio de Salud, que es de $102.400.000.000. Una reasignación de recursos de tal magnitud, señala el decreto, equivaldría al 30 % del total de subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria o al 60 % del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida, alertando sobre las consecuencias presupuestarias de su ejecución sin financiamiento definido.
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