Un hombre de 25 años, identificado como F.P., quedó detenido en prisión preventiva por 150 días e imputado por explotación laboral y reducción a la servidumbre de 45 personas en la provincia de Santa Fe. La acusación formal, presentada por la fiscalía federal, sostiene que el imputado aprovechaba la extrema vulnerabilidad de los trabajadores para cultivar un campo de frutillas ubicado en Arroyo Leyes, a 23 kilómetros de la capital santafesina.
La Denuncia Clave y las Condiciones Inhumanas de Explotación
El caso salió a la luz gracias a la denuncia radicada por uno de los trabajadores explotados ante la Unidad Fiscal de Santa Fe el pasado 17 de septiembre. Los 45 damnificados, en su mayoría oriundos de Chaco, incluyendo dos menores de edad (de 16 y 17 años), habían sido captados con una oferta laboral falsa. Se hallaron múltiples indicadores de vulnerabilidad social y laboral: extensas jornadas que iniciaban a las 2 o 3 de la madrugada, alojamientos en galpones de chapa con piso de tierra, y la obligación de dormir en camas improvisadas con cajones y pallets de madera.
Esquema de Reducción a la Servidumbre en Arroyo Leyes
El acusado, F.P., dirigía el campo situado en el kilómetro 17,5 de la ruta provincial Nº 1 en Arroyo Leyes. Según la fiscal coadyuvante Milagros Traverso, el esquema de explotación incluía el descuento de la comida del día del salario y la falta total de servicios básicos.
Los trabajadores no contaban con acceso a agua potable ni a sanitarios adecuados, cargando agua de pozo en bidones de agroquímicos para beber, lavar y bañarse. "Las víctimas vivían en un contexto de clandestinidad", afirmó el fiscal federal Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación de Casos Complejos.
Detención, Agravantes y el Alcance de la Imputación
La imputación formal contra F.P. fue por el delito de trata de personas con la finalidad de reducción a servidumbre. La carátula se agravó debido al número significativo de víctimas (más de tres personas), su situación de vulnerabilidad, la consumación del hecho y la presencia de dos menores de edad. La fiscal Traverso sintetizó que existen "elementos objetivos suficientes para probar un obrar organizado de parte de P. que incluye la captación de personas en situación de vulnerabilidad", cuyo ciclo económico se cerraba con la comercialización de las frutillas en el Mercado Central de Santa Fe.
Evidencia Secuestrada y Prisión Preventiva de F.P.
Durante la audiencia de formalización del 4 de octubre, la fiscalía presentó audios, recibos, planillas, fotos e informes para probar las condiciones inhumanas. El allanamiento del 1º de octubre se verificó en estado de flagrancia y permitió secuestrar siete teléfonos celulares, una computadora y una camioneta Volkswagen Amarok.
Además, se encontraron 12 armas de fuego de distintos calibres, 250 municiones y 21 gramos de marihuana, obligando al juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz a declararse en incompetencia parcial y ordenar la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe por estos hallazgos. El 7 de octubre, el juez resolvió la prisión preventiva de F.P. por 150 días.
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