El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
El Gobierno nacional dispuso una importante actualización en el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, buscando garantizar la continuidad y calidad de los servicios en todo el país. Los incrementos serán escalonados, aplicando subas que oscilan entre el 29,7% y el 35,4% en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025. La medida, anunciada por el Ministerio de Salud, llega tras la crítica situación del sector, cuyo último aumento de aranceles había sido de apenas el 0,5% en diciembre de 2024.
El Detalle del Aumento y el Conflicto por la Ley
El nuevo ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial para los aranceles que perciben instituciones, profesionales y servicios esenciales como internación, transporte, apoyo educativo y rehabilitación. La decisión fue posible gracias a una partida presupuestaria adicional otorgada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas. Sin embargo, organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad habían marchado exigiendo que el Gobierno de Javier Milei "cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad", la cual impone un aumento del 70% y no el 35% concedido.
Gobierno Aca ta Orden Judicial sobre Pensiones No Contributivas
En paralelo a la actualización de aranceles, el Ministerio de Salud, presidido por Mario Lugones, acató una orden judicial clave. El juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, conminó al Gobierno a restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. Pese al acatamiento de la medida, el Gobierno aclaró que no se volverán a otorgar estos beneficios a las personas presas.
Las Consecuencias del Retraso y el Impacto en la Calidad de Atención
El sector venía arrastrando un grave retraso en la actualización de valores, con el último incremento del nomenclador registrado en diciembre de 2024, que fue simbólico (0,5%). Esta demora provocó el corte de algunos servicios, el cierre de centros de atención y la demora en el pago de prestaciones. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Ministerio de Salud señalaron que este incremento es una "decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención". Ahora, la expectativa se centra en si el aumento escalonado será suficiente para mitigar la crisis terminal que atraviesa el sector.
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