La crisis que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad sumó un nuevo y grave capítulo de conflicto y malestar, con transportistas y prestadores advirtiendo que podrían interrumpir los servicios esta misma semana. La escalada de tensión en el sector de discapacidad se disparó luego de que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) suspendiera sin previo aviso una reunión clave de su Directorio, cuyo objetivo era definir la urgente actualización de los aranceles.
Fondos Asignados Sin Ejecución y Malestar Creciente
El encuentro del Directorio, convocado inicialmente para el viernes pasado por el titular del organismo, Alejandro Vilches, fue cancelado tan solo tres horas después, esgrimiendo el argumento de “motivos de fuerza mayor”. Esta decisión generó indignación entre prestadores, organizaciones y familias, que esperaban la aprobación del aumento prometido por el gobierno nacional. Según fuentes oficiales, la Decisión Administrativa Nº 24/2025 transfirió a la Andis una partida superior a los $121 mil millones de pesos, destinada específicamente a estos incrementos durante octubre. Pese a la disponibilidad de los fondos, el dinero aún no fue aplicado, ni desde la Agencia ni desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Amenaza de Suspensión de Servicios y Reclamos Institucionales
Desde la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atraes) se expresó una “profunda preocupación ante un nuevo atropello del gobierno nacional”. El presidente de la entidad, Pablo Bolego, fue categórico al advertir que “es probable que esta semana se suspenda todo tipo de servicios y prestaciones”. Bolego sostuvo que “La falta de respuestas y el desprecio institucional están llevando al límite a quienes sostienen el sistema. Es angustiante lo que hacen, no se puede soportar más”. El dirigente reclamó la restitución inmediata de la convocatoria al Directorio y el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Desfinanciamiento, Desarticulación y Consecuencias
El último aumento arancelario al sector data de diciembre de 2024, ajustado apenas un 0,5 por ciento, una cifra considerada “insuficiente” ante la inflación acumulada y los mayores costos de transporte, insumos y personal. Bolego remarcó que “la suspensión intempestiva de la reunión no solo posterga decisiones urgentes, sino que parece orientada a disuadir futuras protestas”. Atrás y otras entidades denuncian que el gobierno nacional “desactiva los espacios de diálogo” e “incumple sistemáticamente la Ley de Emergencia en Discapacidad”, vigente desde junio. La falta de definiciones pone en riesgo los traslados a personas con discapacidad y miles de familias en todo el país. “La discapacidad no puede seguir siendo rehén de la improvisación y el destrato”, agregó Bolego, lamentando que la Andis tenga los fondos y no ejecute los aumentos.
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