Santa Fe, 4 de septiembre de 2025. La Convención Constituyente ha culminado un capítulo crucial en la reforma de la Carta Magna provincial con la aprobación, por amplio margen, de las modificaciones al Poder Judicial. Este rediseño, que toca intereses de distintos poderes del Estado, representa el punto más intenso del debate y sienta las bases para un nuevo sistema judicial en la provincia. La flamante Constitución santafesina será jurada el próximo 12 de septiembre.
En la novena sesión plenaria de la Convención Reformadora se aprobó, con 49 votos positivos (19 negativos), la modificación de los artículos 84, 86, 88, 91 y 93, que refieren a la integración de la Corte Suprema, la elección de los jueces y su competencia.
Rediseño de la Corte y el Ministerio Público
El dictamen emitido por la comisión Redactora establece que la Corte Suprema de Santa Fe tendrá siete miembros con paridad de género y representación territorial, quienes terminarán su mandato a los 75 años como edad límite. Además, se crea la figura de un procurador general que integrará el Poder Judicial, con una remuneración similar a la de los ministros de la Corte y un mandato de cinco años, renovable por un período más. Este procurador podrá ser removido por la Asamblea Legislativa por mayoría absoluta a raíz de mal desempeño de funciones. Las autoridades de la Corte y el procurador serán designados por el gobernador, con previo acuerdo de la Asamblea Legislativa.
El dictamen también incluye la incorporación del Ministerio Público, que abarcará al Ministerio Público de la Acusación (MPA), con un fiscal general, y un Ministerio Público de Defensa, con un defensor general. El Ministerio Público será un órgano independiente de los demás poderes, con autonomía funcional y autarquía financiera, y ya no formará parte del Poder Judicial. Esta independencia fue aprobada con 46 votos a 21. Tanto el fiscal como el defensor general serán designados por el Poder Ejecutivo, también con el acuerdo de la Asamblea Legislativa. Quienes estén en fase de selección deberán terminar ese proceso, y quienes estén en su cargo continuarán hasta que finalice su mandato.
Controversia por los trabajadores del MPA
La última sesión de la Convención generó tensión y una votación ajustada con respecto al futuro de los trabajadores del Poder Judicial, ahora que el MPA y el Servicio Público de la Defensa Penal (próximo a llamarse Ministerio Público de la Defensa) pasarán a ser órganos extrapoder. Unidos sostiene que se respetarán todos los rangos, remuneraciones y derechos, mientras que la oposición, que votó en contra, asegura que "pierden la condición esencial de empleados judiciales".
Lionella Cattalini, de Unidos, defendió que los trabajadores "no van a ver variada de ninguna manera" su remuneración, categoría y ubicación geográfica, pero advirtió: "Las funciones del Estado están cambiando, y ése es el fin último. Hay claridad de respetar los derechos adquiridos pero también de entender en marcha un órgano vital dejándolo vacío como proponen algunos".
La oposición, con voces como las de Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza, María Victoria Capocceti de Activemos y Jaquelina Balanguione de Más para Santa Fe, plantea que el traspaso sea progresivo, con un derecho a opción sin modificar una coma de los derechos. Balangione, ex defensora general, sostuvo en su intervención: "Esto afectará derechos más allá de que se le pague el mismo sueldo y se le respete el lugar geográfico, porque se le elimina de plano su carrera judicial". Y agregó que "no es ser agorero, es un hecho que va a pasar", y que "va a traer la judicialización".
En el MPA, hay 816 personas (584 empleados y 232 funcionarios/fiscales), mientras que en el Servicio Público hay 302 agentes (196 empleados y 106 funcionarios). María Elena Martínez, prosecretaria general de Rafaela del Sindicato de Judiciales, explicó: "Hoy un empleado del MPA puede subrogar un cargo de secretario de familia o de laboral o de civil porque está dentro de la misma estructura. Cuando estén por afuera no van a poder. Solo van a poder subrogar los cargos de su lugar y van a poder acceder a los cargos de su lugar, que son muchísimos menos".
El radical presidente del bloque Unidos, Fabián Bastia, refutó los argumentos de la oposición: "¿Dónde están trabajando? Del MPA y la Defensa y se irán a ir trabajando en la misma actividad que desarrollan. Quieren cambiar cargos por personas y eso es duplicidad de cargos. No vamos a gastar dos veces lo mismo". A pesar de la polémica, el dictamen se aprobó con 35 votos a favor y 32 en contra, en lo que fue la votación más ajustada de todo el proceso.
Selección y remoción de autoridades
También se aprobó, con 46 votos a 21, la creación del Consejo Asesor para la Selección del Poder Judicial y el Ministerio Público, y para el nuevo tribunal de enjuiciamiento de jueces y fiscales. Este consejo, un organismo técnico dentro de la órbita del Ejecutivo, será el encargado de llevar a cabo un procedimiento de selección transparente y público, con participación ciudadana, para los jueces, fiscales y defensores que serán designados por el Ejecutivo con el acuerdo de la Asamblea Legislativa.
El Consejo estará compuesto por un juez, fiscal o defensor, un diputado y un senador, un abogado matriculado y un académico de una Facultad de Derecho. Además, se establece que quienes incurran en faltas graves serán enjuiciados por un Tribunal de Enjuiciamiento, compuesto por seis políticos, dos abogados, dos colegas del acusado y un miembro de la Corte o la fiscal general.
Finalmente, se incorporará en la Constitución la figura del defensor del Pueblo, un órgano que tiene el objetivo de "promover, proteger y defender los derechos e intereses de los ciudadanos frente a la administración pública".
Pedidos de disculpas y próximos pasos
El presidente de la Convención, Felipe Michlig, inició la sesión pidiendo disculpas por un exabrupto dirigido a Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, en la sesión anterior, el cual fue captado por un micrófono abierto. Mayoraz aceptó las disculpas. También se realizó un homenaje a Danilo Kilibarda, único convencional vivo que participó de la reforma de 1962.
La Convención resolvió que el 12 de septiembre se realizará la sesión de aprobación de la versión taquigráfica y la jura de la nueva Constitución, primero por los convencionales y luego por las autoridades de los tres poderes, lo que obligará al gobernador Maximiliano Pullaro y a algunos legisladores a jurar dos veces. Este viernes se llevará a cabo la última sesión para votar el dictamen de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, y el 9 de septiembre, los convencionales comenzarán a ordenar el texto único.
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