El juez federal de La Plata, Ernesto Krepak, dictó el procesamiento de 14 sospechosos de haber participado en la fabricación y distribución de fentanilo contaminado, un caso que conmocionó a la Argentina. La lista de imputados incluye a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group SA, y a otros ejecutivos de esta empresa y de Laboratorios Ramallo SA. Se los acusa por los graves delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas con resultado de muerte.
Imputación a Ejecutivos y Expectativa de Pena
La decisión judicial abarca a 14 personas, mientras que otras dos continúan bajo investigación. Los procesados son ejecutivos de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, empresas vinculadas al fallecimiento de “124 pacientes fallecidos con posible asociación al brote por administración de fentanilo contaminado”. A la cabeza de las imputaciones se encuentra Ariel García Furfaro, el propietario, a quien se le dictó un embargo monumental de un billón de pesos.
El juez Krepak determinó que, en caso de ser condenado, la expectativa de pena para García Furfaro es de cumplimiento efectivo y se encuentra comprendida en un rango de 10 a 25 años de prisión.
Rol Decisorio y Consecuencias Letales de la Adulteración
La resolución, que consta de 401 fojas, evaluó la participación de cada uno de los implicados en los distintos eslabones de producción y control del medicamento adulterado. Ariel Fernando García fue procesado en calidad de coautor, siendo identificado como “Propietario e integrante de la dirección del conglomerado empresarial, con rol decisorio.” La imputación al empresario está calificada jurídicamente bajo los artículos 45, 55, 200 y 201 bis del Código Penal (CP) y el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).
El magistrado fundamentó que García, como principal directivo y responsable último de las operaciones de HLB Pharma Group SA (titular de Laboratorios Ramallo SA), "era garante del control, calidad y seguridad de los productos". El juez concluyó que el incumplimiento de las normas de fabricación, sumado a la política empresarial adoptada, "habilitó la adulteración de los medicamentos que derivó en el resultado letal" de los pacientes.
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