Buenos Aires, 4 de septiembre de 2025. La ley de emergencia en discapacidad, que fue ratificada este jueves por el Senado Nacional, establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad. La norma, que volvió a tener luz verde, declaró la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y es prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas. La ley de emergencia en discapacidad es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
Puntos clave de la nueva ley
La nueva ley establece una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha. Además, se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Indec.
Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio. Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no superen los dos salarios mínimos. Para financiar estas medidas, el Poder Ejecutivo deberá aportar recursos del Tesoro Nacional para una compensación de emergencia a los prestadores.
La Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3.627.495 millones. La diferencia del impacto fiscal se debe al número de beneficiarios por nuevas altas, que podría variar entre 493 mil y 946 mil personas según distintos escenarios que podrían suceder con la nueva ley.
La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoría con el objeto de generar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios. El procedimiento de auditoría deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación y el acceso claro a la información.
Finalmente, la ley exime del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años a los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado.
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