La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha tomado una decisión crucial al suspender la orden de la jueza Loretta Preska que exigía a Argentina entregar el 51% de las acciones que posee en YPF. Esta medida se mantendrá vigente mientras el país apela la sentencia en su contra. Además, la justicia estadounidense ha eximido al Estado argentino de la obligación de depositar una garantía financiera.
La Procuración del Tesoro de la Nación ha manifestado que esta resolución "garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos".
Este fallo evita que el Gobierno tenga que recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, un paso que se había considerado si la Corte de Apelaciones no suspendía la entrega de los títulos. Según Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, las acciones del Estado en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores hasta que la Corte de Apelaciones resuelva el recurso presentado contra la sentencia original.
En junio, la Argentina ya había solicitado la suspensión de la orden de Preska de entregar la participación accionaria estatal en la petrolera, una medida que ahora ha sido concedida de forma definitiva. La Cámara de Apelaciones ha optado por el escenario más favorable para el país, desestimando la opción de exigir una garantía como condición para la suspensión.
A pesar de esta victoria en la instancia cautelar, el proceso judicial de fondo continúa. La Procuración del Tesoro subrayó que "la decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega (...). No afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023 (...) que condena al país a pagar US$16.000 millones más intereses".
El calendario de la apelación de fondo se mantiene sin cambios: Argentina presentará su primer escrito a finales de septiembre y los argumentos orales se escucharán a partir de la semana del 27 de octubre, justo después de las elecciones legislativas. Esta fecha fue ratificada recientemente, después de que la Cámara de Apelaciones desestimara un pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) para anular la sentencia original e investigar a la familia Eskenazi, antiguos accionistas de la petrolera.
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