Rosario, 30 de julio de 2025 - El Juzgado Federal de Victoria condenó a tres apicultores entrerrianos a penas de prisión efectiva por su rol en los devastadores incendios que asolaron el Delta del Paraná en 2022. La jueza Noemí Berros hizo lugar al pedido del fiscal José Ignacio Candioti y encontró a Jesús Magallanes, Oscar Magallanes y Miguel Morales culpables de estrago doloso. Jesús y Oscar Magallanes recibieron una condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que Morales deberá cumplir una pena de 3 años y 2 meses de prisión efectiva.
Los hechos por los que fueron condenados se remontan al 23 de agosto de 2022, en las islas Lechiguanas, departamento Gualeguay, Entre Ríos, donde se quemaron aproximadamente 6 mil hectáreas. Durante el juicio, que se llevó a cabo en Victoria entre mayo y junio, los acusados se declararon inocentes y argumentaron que su accionar consistió en intentar realizar un contrafuego para proteger sus colmenas del avance de un incendio preexistente en la zona.
Sin embargo, el fiscal Candioti calificó su accionar como ilegal y temerario, subrayando que intentaron un contrafuego sin la autorización correspondiente y violaron las normativas ambientales vigentes. Más de 15 testigos, incluyendo especialistas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), aportaron pruebas y testimonios sobre el incendio específico desatado en esa área.
Previo al juicio, las defensas habían solicitado la probation, una alternativa a la pena de prisión. No obstante, el Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó esta solicitud, argumentando que la gravedad y la magnitud del daño ambiental requerían que el caso se resolviera en un juicio oral y público. La jueza Berros, en su resolución, coincidió en la necesidad de que la cuestión fuera dirimida en un debate público.
Esta condena se suma a un antecedente similar de noviembre de 2023, cuando también se dictaron sentencias por incendios en islas ubicadas frente a Villa Constitución.
Si bien la condena de los apicultores fue vista por algunos como un avance, diversos sectores ambientalistas en su momento cuestionaron el procesamiento exclusivo de estos individuos y solicitaron que las investigaciones fueran más allá para identificar a todos los responsables. Actualmente, dos causas cruciales contra más de 40 propietarios de campos en las islas, una en el fuero civil y otra en el penal, se encuentran en una situación de limbo jurídico. En el ámbito civil, el juez federal de Victoria, Federico Martín, se declaró incompetente y elevó la causa a la Corte Suprema de la Nación, una medida ampliamente criticada por los abogados demandantes, quienes la consideran una táctica dilatoria.
En la causa penal, el mismo juez sobreseyó a 43 imputados. Esta decisión fue apelada por el fiscal federal de Rosario, Claudio Kishimoto, quien argumentó que los sobreseídos tienen un grado de responsabilidad debido a la reiteración de quemas en sus tierras sin que tomaran medidas para contrarrestar la situación.
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