La Justicia ha dado un paso crucial en el caso Vicentin al habilitar el proceso de cram down. Con deudas que superan los 1.300 millones de dólares y un pasivo posconcursal en constante aumento, el juez Fabián Lorenzini determinó que, entre el 30 de junio y el 4 de julio, se abrirá un registro preliminar para aquellos terceros interesados en presentar una oferta de rescate por la agroexportadora. Esta instancia representa la última oportunidad para evitar la quiebra de la compañía.
Según el fallo del Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Lorenzini, la inscripción inicial no requerirá garantía dineraria, aunque será un requisito excluyente para poder participar en el proceso de concurrencia definitivo.
El documento emitido por el magistrado enfatiza la urgencia de asegurar la continuidad productiva de la firma: "La crítica situación de caja, la proximidad del vencimiento de los contratos de fazón y los plazos de cosecha y siembra hacen necesario reencauzar el salvataje sin demoras".
La resolución judicial también señala que, tras el período de inscripción, se establecerán nuevas fechas para la realización de audiencias informativas, la presentación de valuaciones, los plazos para observaciones y la obtención de las mayorías necesarias para una posible propuesta concordataria.
La Mirada de la Justicia en el Caso Vicentin
La apertura del cram down se produce luego de la confirmación del rechazo a la homologación del acuerdo preventivo que había presentado la empresa, el cual fue impugnado por diversos acreedores. El juez Lorenzini resaltó la imperiosa necesidad de mantener operativa la planta industrial y alertó sobre los "apremiantes montos de deuda posconcursal" que Vicentin arrastra.
Con la implementación de este proceso de cram down, la empresa ha perdido la exclusividad en la presentación de ofertas de pago a sus acreedores. Ahora, los acreedores tendrán la potestad de elegir la oferta que consideren más conveniente entre todas las que se presenten.
Vicentin se encuentra inmersa en un concurso preventivo desde el año 2019, enfrentando deudas que ascienden a aproximadamente 1.300 millones de dólares y un extenso listado de más de 1.700 acreedores.
Informe Crítico de los Interventores y Desafíos Internos
Paralelamente, los interventores designados por el propio Lorenzini, Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, presentaron recientemente un informe crítico de más de 80 páginas. En este documento, describieron un escenario "extremadamente complejo" y advirtieron que "se ha perdido un tiempo precioso". El informe alertó que la deuda posconcursal ya alcanza los 30,5 millones de dólares, cifra que incluye salarios, servicios, impuestos y pagos a la firma Renova, mientras que el capital de trabajo es negativo en 32 millones de dólares.
Además, los interventores detectaron la existencia de filiales en Uruguay y Europa que permanecen sin actividad, pero que aún poseen fondos en el exterior que podrían ser repatriados. Por ello, recomendaron el cierre de estas sociedades para frenar gastos. También exigieron la reorganización de la planta de personal, tras identificar casos de empleados sin tareas asignadas, incluyendo a familiares de exdirectivos y accionistas que continúan percibiendo salarios. Asimismo, suspendieron acuerdos de desvinculación que habían sido firmados por el directorio anterior, cuyos integrantes actualmente se encuentran imputados penalmente.
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