En medio del debate legislativo por la emergencia en discapacidad, el gobierno nacional ha iniciado en Rosario una segunda fase de auditorías dirigidas a los beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad laboral. Esta etapa de fiscalización se extenderá hasta finales de junio.
Durante las últimas semanas, los titulares de estas pensiones comenzaron a recibir cartas documento donde se los convoca a presentarse a los controles. La citación especifica la fecha, hora y lugar asignados para la evaluación.
Según consultas realizadas en centros de salud y entidades del sector de la discapacidad, la mayoría de los convocados en esta nueva ronda son aquellos que no pudieron asistir a la primera auditoría –ya sea por no haber recibido la citación inicial o por situaciones personales–, así como quienes se presentaron pero no lograron entregar toda la documentación médica requerida.
El nuevo operativo de control, que se espera comience esta semana, tendrá lugar en el mismo sitio que la primera fiscalización: el Hospital Italiano. Desde los centros de salud, se advierte sobre la escasa información disponible: "Hay muy poca información al respecto, lo que sabemos lo hemos reconstruido a partir de la información que nos traen los usuarios de los centros de salud", señalaron.
Organizaciones vinculadas a la problemática de la discapacidad en Rosario confirmaron que están siendo citadas personas que previamente no se presentaron y también aquellas que lo hicieron con documentación insuficiente. "Tenemos conocimiento de esos casos", afirmaron.
Asimismo, volvieron a cuestionar la metodología de estos operativos. "Lo ideal sería poder tener un listado como para cuando la gente se acerca a alguna institución, o algún centro de salud o algún lugar, poder dar una respuesta. Pero nos vamos enterando por las consultas que recibimos y por lo que vamos viendo. De esa forma vamos juntando la información e intentamos armar los circuitos", manifestaron.
Una Auditoría Bajo la Lupa
Las auditorías, coordinadas por la Agencia Nacional de Discapacidad y la ANSES, se iniciaron en febrero en todo el país con el propósito de "darle mayor transparencia al sistema", según el gobierno. Sin embargo, numerosas instituciones han criticado la forma en que se llevó a cabo la fiscalización.
En Rosario, se reporta que menos de la mitad de los beneficiarios del padrón pudieron asistir a los controles para presentar la documentación de salud actualizada que acredita su derecho a la pensión no contributiva.
Ante esta situación, tanto la Defensoría del Pueblo de la provincia como el Concejo solicitaron la prórroga de los plazos del operativo de fiscalización y la suspensión de medidas punitivas para quienes no presentaron los estudios médicos. El argumento es "hasta que se garantice que la totalidad del padrón de la provincia haya sido fehacientemente notificado y evaluado".
Ambos organismos también expresaron su apoyo a la declaración de emergencia en discapacidad, un proyecto que actualmente se debate en la Legislatura Nacional. La Cámara de Diputados otorgó media sanción el pasado 4 de junio a la propuesta presentada por Daniel Arroyo (PJ).
El proyecto busca declarar la emergencia en el sector en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 y establecerá medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente, el proyecto ha sido girado al Senado, donde será analizado por las comisiones de Presupuesto y Población.
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