En una iniciativa que busca reforzar la transparencia y la integridad en la función pública, Federico Lifschitz ha presentado un proyecto en el Concejo Municipal de Rosario que propone la implementación de exámenes toxicológicos periódicos para todo el personal político de la ciudad. La propuesta establece que desde el intendente hasta las autoridades de los entes descentralizados, todos deberán someterse a estas pruebas.
El proyecto detalla que los exámenes se realizarán en tres momentos clave: al inicio de cada mandato, de forma regular cada seis meses, y mediante muestreos aleatorios sin previo aviso. Para garantizar la imparcialidad en las pruebas semestrales, un software seleccionará al azar a los participantes, y los resultados de estas selecciones serán publicados en el sitio web oficial del municipio.
La Secretaría Municipal de Salud será la encargada de la supervisión de estos exámenes, así como de la creación de un protocolo específico para su realización. Se ha hecho hincapié en la protección de la información de los evaluados, asegurando la confidencialidad de los resultados.
En caso de que un examen arroje un resultado positivo, se procederá a informar a las autoridades correspondientes. Para el personal superior y de gabinete, un resultado positivo implicará la cesación inmediata de sus funciones. Asimismo, la negativa a realizarse el examen será considerada una falta grave y acarreará medidas disciplinarias para el funcionario en cuestión. Esta medida busca establecer un precedente en la lucha contra las adicciones dentro de la administración pública local.
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