La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe presentó el primer estudio de estimación de la huella de carbono institucional que produce la ciudad de Rosario. Elaborado por la empresa Sux Solar, el informe arroja un dato preocupante: en el último año, la ciudad generó el equivalente a 35,24 toneladas de dióxido de carbono (tn CO₂), principal gas de efecto invernadero producto de las actividades locales y la movilidad con motores de combustión.
Para neutralizar completamente esta huella, el estudio indica que sería necesario plantar 588 árboles, reciclar 5.500 kg de residuos o bien generar 50 kWp de energía solar.
Desde la Defensoría expresaron: “Reconociendo la urgencia de la década de la acción ambiental y en ejercicio de nuestra función, asumimos el compromiso de minimizar nuestro impacto. La huella de carbono es una herramienta esencial para comprender y gestionar nuestra contribución al cambio climático, y alinear nuestras acciones con un plan de sostenibilidad integral”.
El informe subraya que el aumento de la concentración atmosférica de CO2, cercano al 43% desde el inicio de la industrialización, es provocado principalmente por el uso de combustibles fósiles y la deforestación. Otras actividades humanas como la quema de biomasa y la producción de cemento también contribuyen a estas emisiones, superando ampliamente las emisiones naturales de fuentes como los volcanes.
Este estudio se enmarca en la resolución 102 de la institución, que adhiere al Protocolo Marco para la Actuación de Defensorías del Pueblo en Empresas y Derechos Humanos, impulsado por las Defensorías de Argentina junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Este compromiso busca contribuir al cumplimiento de los 31 Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y DDHH, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Además de la medición de la huella de carbono, la Defensoría viene implementando diversas prácticas sostenibles en su sede de Rosario, incluyendo la separación y compostaje de residuos orgánicos, la eliminación de descartables, el uso responsable del agua, la forestación comunitaria, capacitaciones internas y campañas de concienciación ambiental.
“Como institución defensora de derechos, entendemos que el ambiente sano es un derecho fundamental. Por eso, no solo adoptamos prácticas responsables dentro de la organización, sino que también impulsamos políticas públicas y acciones colectivas que promuevan el respeto y el cuidado del ambiente”, concluyeron desde el organismo.
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