La Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rafaela asestó un revés a la cerealera Vicentin al confirmar el rechazo a la homologación de su acuerdo preventivo de acreedores. Esta decisión del tribunal subrogante, que intervino por mandato de la Corte Suprema de Santa Fe, se alinea con el máximo tribunal provincial y da la razón a la empresa Commodities SA, que había impugnado el fallo de la Cámara de Apelaciones de Reconquista favorable a los dueños de Vicentin. Con este nuevo escenario, se allana el camino para el inicio del proceso de salvataje o cramdown.
En febrero pasado, la Corte Suprema santafesina había anulado la homologación del acuerdo concursal y remitido el caso a la Cámara de Rafaela para que revisara la actuación de la Cámara de Reconquista y subsanara los errores señalados en su propio fallo.
Este martes, la sala II de la cámara rafaelina, integrada por los jueces Duilio Hail, María José Alvarez y Pablo Lorenzetti, ratificó la resolución del juez de primera instancia de Reconquista, Fabián Lorenzini. En septiembre de 2023, Lorenzini había denegado la homologación del acuerdo de pago propuesto por Vicentin, empresa que entró en cesación de pagos en 2019, y un grupo de acreedores. De esta manera, la cámara rechazó la apelación presentada por la cerealera y le impuso las costas del juicio.
Antecedentes del Caso
Tras cuatro años de proceso concursal, Vicentin presentó una propuesta de pago a sus acreedores, la cual fue aceptada por la mayoría. Sin embargo, acreedores clave como Commodities SA, el principal acreedor comercial no cooperativo, se opusieron. El juez Lorenzini inicialmente rechazó la homologación judicial por considerar que el acuerdo no era equitativo. Esta decisión fue apelada por Vicentin ante la Cámara Civil y Comercial de Reconquista, que revirtió el fallo de primera instancia. Ante esta situación, Commodities SA recurrió a la Corte de Santa Fe, que falló en contra de la cámara de apelaciones.
La Corte Suprema consideró que el tribunal de Reconquista no había tomado en cuenta las irregularidades denunciadas por Commodities. Estas irregularidades señalaban que “la propuesta concursal de Vicentin es inequitativa y abusiva” al tratar a todos los acreedores de la misma manera, sin agruparlos en categorías adecuadas. Esto generaba un beneficio para algunos acreedores que cobrarían la totalidad de su deuda, mientras que otros sufrirían quitas de hasta el 80% y plazos de pago de hasta 12 años. Además, el acuerdo estaba condicionado al éxito de un proyecto empresarial vinculado a Bunge y Viterra.
Finalmente, la Corte Suprema ordenó “anular la sentencia impugnada remitiendo al tribunal que corresponda a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a las pautas de este fallo”. El expediente fue remitido a la Cámara de Rafaela, encargada de emitir la nueva resolución y abrir formalmente el cramdown para la presentación de propuestas de salvataje.
En su momento, el abogado Gustavo Feldman, representante de Commodities, anticipó que la situación desembocaría en el “salvataje”, al no existir otra instancia de propuesta por parte de la concursada. Tras la decisión del tribunal de Rafaela, Feldman expresó: “Cramdown abierto, seguimos avanzando hacia la refundacion de la empresa, cuidando las fuentes de trabajo y buscando honrar la deuda”.
A mediados de abril, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, había dispuesto la intervención de Vicentin Saic por un plazo de 120 días, la suspensión de las facultades de los directores y la suspensión temporal, por 60 días, de los cortes de suministro de bienes y servicios por parte de proveedores públicos y privados.
Los veedores judiciales de la empresa concursada, Andrés Schocron y Guillermo Nudemberg, fueron designados interventores. La decisión de intervenir la empresa se basó en el informe de la Sindicatura, que reveló un pasivo posconcursal de Vicentin de $ 12.536 millones, con proyecciones a mediano plazo que alcanzan los $ 30 mil millones.
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