Rosario se vio sacudida por un escándalo de corrupción policial luego de que la Justicia dictara prisión preventiva por seis meses para 16 personas, entre ellas 13 policías y 3 civiles, involucradas en un esquema de fraude con combustibles en una estación de servicio de la ciudad. La extensa audiencia imputativa, que se prolongó durante tres días, culminó con la imputación de delitos graves como peculado de caudales públicos, cohecho pasivo, falsedad de documento y defraudación agravada.
El fiscal José Luis Caterina, a cargo de la investigación, se mostró satisfecho con la evidencia recolectada hasta el momento y advirtió que la pesquisa podría extenderse a oficiales de más alta jerarquía. "Es posible que haya más personal policía implicado y de otras jerarquías más altas, lo estamos investigando", afirmó el fiscal en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Justicia Penal.
La investigación se originó a partir de irregularidades detectadas en el manejo de la facturación de combustible de varios móviles de la Unidad Regional II. Caterina detalló la operatoria de la banda mixta, integrada por policías y empleados de una estación de servicio, quienes realizaban "maniobras de sobrefacturación y cargas fantasmas de combustible", generando una significativa defraudación al Estado provincial.
"Ellos concentraban las Visa Flota, una tarjeta de débito con la que opera cada móvil y se aprovechaba para alterar lo cargado, entre el 15 y 20 % era la sobrefacturación. Inclusive en algunos vehículos se facturaba pero la nafta nunca era cargada en el auto. Por ejemplo, detectamos que por un solo vehículo en un mes se defraudaba un millón de pesos, era el de un comisario", explicó Caterina.
El fiscal también reveló la existencia de pagos irregulares a algunos oficiales por parte de empleados de la estación de servicio. "Por otro lado detectamos a empleados de una estación de servicio que tenían sobres con dinero para algunos oficiales, que concurrían a buscar el dinero a las estaciones cada quince días. Era una banda mixta, civiles y policías. Se llegó a un caso en que un oficial tenía directamente el postnet de la empresa en su poder. En una estación constatamos que se facturaban 5 millones de pesos al día, estamos hablando de 150 millones de pesos", precisó.
La investigación busca determinar el rol específico de cada uno de los imputados. Según Caterina, "un comisario que estaba como jefe de secretaría privada, que era subdirector y quedó detenido, ejercía una especie de protección a esta banda; se involucraba y tenía injerencia en todo el accionar; es más presionaba para que se ampliaran las partidas de combustible". El fiscal adelantó que la investigación continuará, incluyendo el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y otra evidencia recolectada en los doce allanamientos realizados en dependencias policiales.
A pesar del impacto de la investigación, Caterina destacó la colaboración entre la Fiscalía y la Secretaría de Control Policial para garantizar que "no se paralizaran las partidas y no se perjudicó el patrullaje en Rosario". Los imputados enfrentan cargos por malversación, defraudación, cohecho, falsedad ideológica y peculado, con "penas en expectativa variadas", según el fiscal.
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