Discapacidad: "El desfinanciamiento del sector es prácticamente un genocidio"

Rosario fue escenario este jueves de una jornada federal para exigir la sanción de la ley de Emergencia en Discapacidad, con advertencias de que la situación del sector es "insostenible". Organizaciones, profesionales, transportistas, personas con discapacidad y sus familias se unieron en un reclamo unánime: la urgente aprobación de la ley, que podría ser debatida la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Pablo Bolego, presidente de Atraes (asociación de transportistas del sector), calificó la situación de "gravísima". Explicó que, tras la devaluación del año pasado, el costo del combustible se triplicó, pero el Estado sigue pagando lo mismo. Esto ha llevado a que transportistas abandonen su labor, dejando a personas con discapacidad sin un servicio "vital" para su vida diaria, en lo que describió como una "cadena de abandono".

Mariel Chapero, de Apridis (red de instituciones del sector), enfatizó que la ley de emergencia "traería alivio" a una "crisis" que se arrastra desde hace tiempo y que hoy es "insostenible". Detalló que la "situación crítica" afecta a "todos los eslabones del sistema": personas con discapacidad, profesionales, instituciones y transportistas. Los "múltiples ataques" al sector abarcan desde los "usuarios y usuarias de pensiones no contributivas" hasta los "trabajadores y las trabajadoras, que estamos en una situación de precarización extrema y al borde de dejar de brindar los servicios".

La expectativa por la sesión en Diputados es alta, pero también hay incertidumbre. Chapero planteó la "gran preocupación" sobre la respuesta que tendrá el Ejecutivo si la ley se aprueba. Advirtió que, si bien las medidas de la ley son "absolutamente necesarias", lo que se necesita es "urgente", ya que "hay espacios que no tienen posibilidad ya la semana que viene de pagar sueldos de marzo".

La psicóloga Gabriela Fernández, de la Facultad de Psicología de la UNR, se sumó a la movilización, subrayando que "nadie está exento de tener una discapacidad" y que "la discapacidad nos atraviesa a todos". Calificó el "desfinanciamiento del sector" como "prácticamente un genocidio", reflejo de un "gran desconocimiento por parte de quienes nos gobiernan sobre los derechos de las personas con discapacidad". La "falta de cobertura en prestaciones de salud" ha llevado a "situaciones que antes eran precarizadas, ahora sean absolutamente extremas", y la "desregulación del sistema hace que todos corramos riesgos".

Fernández también describió un panorama adverso en el ámbito universitario, donde el "desfinanciamiento, la precarización y el estado de los salarios" dificultan el acompañamiento a estudiantes universitarios con discapacidad, lo que podría aumentar la "deserción". A pesar de los retrocesos, la psicóloga mantiene la esperanza de que la ley se apruebe.

El martes, en la Defensoría del Pueblo, instituciones del sector, junto al Defensor del Pueblo de la provincia, Gabriel Savino, y el senador nacional Marcelo Lewandowski, expusieron las dificultades y los "problemas generados por el proceso de auditoría de las pensiones no contributivas". Lewandowski denunció que "todos los días hay personas con discapacidad que se quedan sin poder acceder a sus tratamientos" y al "servicio de transporte", calificando la situación de "sumamente grave" y sin "ninguna respuesta". Mencionó la presentación de pedidos de informes y propuestas de interpelación en el Senado, sin éxito, lo que consideró una "demostración clara de lo que es la crueldad". El senador advirtió sobre la "angustia" que generan las auditorías, dejando a los beneficiarios "con la duda sobre si van a tener el subsidio".

El Defensor del Pueblo provincial, Gabriel Savino, indicó que desde noviembre están solicitando información sobre las auditorías. Explicó que este problema no es exclusivo de Santa Fe, sino "de todo nuestro país", afectando a "70.000 pensiones que corrían peligro" en la provincia. Aunque apoya las auditorías, advirtió que la política pública "fue mal planificada" al "vulnerar los derechos" de las personas con discapacidad, dejándolas "sin ninguna herramienta para seguir subsistiendo" si se les baja la pensión.