El oficialismo y el PRO de la Cámara de Diputados buscarán firmar este martes el dictamen de la ley que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para quienes cometan delitos graves.
De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados del macrismo y la UCR intentarán retomar la iniciativa, que en la última semana se vio centrada en la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la creación de la comisión investigadora sobre el caso de la criptomoneda Libra.
Fuentes parlamentarias informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la estrategia del oficialismo es obtener el despacho de mayoría el martes para poder tratarlo en el recinto de sesiones antes de que finalice mayo.
Tras dos semanas de postergaciones, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, convocó a una reunión para las 16 con el objetivo de firmar un despacho que busque el mayor consenso posible.
La iniciativa deberá ser tratada por el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Justicia, de Familia y de Presupuesto, presididas por Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
El oficialismo confía en contar con el respaldo de los diputados del PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal, así como de un sector de Encuentro Federal y del Frente Renovador.
La reducción de la edad de imputabilidad también cuenta con el apoyo de los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.
La iniciativa ya fue objeto de debate en siete reuniones durante el año pasado y en dos encuentros este año, específicamente el 12 y el 19 de marzo, previos a la sesión en la que se discutió el acuerdo con el FMI.
Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno inicialmente buscaba establecer la edad en 13 años para condenar a menores por delitos graves, el consenso actual se inclina hacia los 14 años, tal como lo proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
El proyecto del Gobierno establece que no se podrá imponer a un menor la pena de reclusión perpetua, fijando un máximo de prisión de 20 años, incluso si la escala penal para adultos fuera mayor debido a la concurrencia de varios delitos.
Otro punto clave de la propuesta gubernamental es que el régimen penal de minoridad incluirá programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos para la resocialización de los jóvenes infractores.
Además, se plantea la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven en su proceso de rehabilitación y reinserción social.
El proyecto también contempla la revisión de la pena una vez cumplidos los dos tercios de la condena, permitiendo que el resto se cumpla en el domicilio del condenado.
Adicionalmente a la prisión y el arresto domiciliario, la propuesta incluye otros lugares para el cumplimiento de la pena, como institutos abiertos o especializados en la detención de menores.
En la sesión informativa del 15 de abril, Francos solicitó al Congreso avanzar con la sanción del proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Sin embargo, existe un consenso mayoritario para establecerla en 14 años, en línea con proyectos presentados por la oposición y el PRO.
El jefe de Gabinete recordó que el Gobierno envió este proyecto al Congreso en junio del año pasado y, al defender la propuesta original, afirmó que «quien comete un delito de adulto debe pagar una pena de adulto».
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