La Justicia Federal procesó a los financistas rosarinos Claudio Iglesias y Jorge Oneto por el delito de lavado de activos agravado, en el marco de una investigación que había sido archivada en 2019 por el entonces juez Marcelo Bailaque, hoy imputado en una causa por presunta corrupción. La resolución judicial incluye un embargo por mil millones de pesos sobre los bienes de los acusados y la prohibición de salida del país.
Según consta en el fallo firmado por el juez Carlos Vera Barros, titular del Juzgado Federal N°3 de Rosario, Iglesias y Oneto habrían montado una estructura financiera ilegal para lavar dinero proveniente de actividades no declaradas, valiéndose de empresas offshore, fideicomisos y movimientos bancarios sospechosos tanto en el país como en el extranjero. El período investigado se extiende entre 2012 y 2019, durante el cual se habría desplegado un entramado complejo que incluyó inversiones inmobiliarias y transferencias millonarias sin justificación legal.
El expediente había sido archivado apenas tres meses después de su inicio por el juez Bailaque, a pesar de que ya contaba con abundante documentación que sustentaba las sospechas. Sin embargo, en 2023, el juez Vera Barros reabrió la causa y delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal Claudio Kishimoto. Las pruebas recolectadas durante el último año permitieron avanzar hacia el procesamiento de los financistas, señalados desde hace años como figuras clave del circuito financiero informal de Rosario.
La reapertura de la causa estuvo motivada, entre otras cosas, por el testimonio del exjefe regional de la AFIP, Carlos Vaudagna, quien declaró que el organismo recaudador formaba parte de un esquema de extorsiones a contribuyentes, en el que también estaría involucrado Bailaque. Según Vaudagna, “se fabricaban causas para luego pedir sobornos a cambio de cerrarlas”, lo que derivó en una nueva investigación penal contra el magistrado por coacción y sospechas de coimas para garantizar impunidad.
El reciente fallo subraya que los acusados no podrían haber ejecutado estas maniobras sin una red de complicidades dentro del Estado. Por este motivo, además de los vínculos con AFIP y el Poder Judicial, se está investigando la posible participación de otros funcionarios públicos y empresarios que podrían haber contribuido o facilitado el lavado de dinero a gran escala.
La decisión judicial marca un giro significativo en una causa que parecía olvidada, y abre un nuevo capítulo en la lucha contra las estructuras financieras clandestinas vinculadas al poder político y judicial.
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