Este viernes, los sindicatos aceiteros solicitaron que la agroexportadora defaulteada Vicentin vuelva a ser intervenida judicialmente ante el atraso en el pago de salarios y el paralelo recelo sobre el manejo de fondos y las decisiones corporativas que toma la conducción actual de la empresa.
El pedido fue explicitado durante una audiencia convocada por el juez del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, para intentar sortear la agudización de la crisis financiera de la compañía, sobre lo cual el management de la firma no presentó un plan para resolverla y optó en cambio por cargar culpas a la Corte Suprema de Santa Fe en sintonía con el recurso que presentó para que intervenga el máximo tribunal de la Nación.
Los gremios aceiteros de San Lorenzo y la Federación Aceitera ya avisaron que si el conglomerado no abona los sueldos de febrero atrasados, convocarán a un paro que, además de las plantas de Vicentín, podría afectar a las de todo el cordón industrial de Rosario.
La empresa reconoció que le restan conseguir 1.500 millones de pesos de los 2.600 millones que necesita para cumplir con las remuneraciones de los trabajadores. La firma intenta obtenerlos, dijo, de un adelanto del alquiler en modo fazón de sus plantas, pero esa solución apenas es transitoria porque así el desfasaje apenas se prorroga unos meses.
Audiencia por la crisis sin fin
La audiencia fue convocada por el juez Lorenzini, con llamado a todas las partes involucradas, para intentar una salida a la crisis financiera y comercial. Allí no solo se escucharon los reproches gremiales a la conducción de la agroexportora.
Lo mismo hicieron los acreedores. En particular, el grupo Grassi, segundo en monto de deudas acumuladas después del Banco Nación y con mayor poder de negociación a partir de la compra de deudas de bancos extranjeros a través de un grupo inversor cuya cara visible es el financista Esteban Antonio Nofal.
Los representantes de Grassi, acreedora por medio de Commodities SA, argumentaron ante el juez que la difícil situación que atraviesa Vicentin es responsabilidad de su directorio actual. Explicaron que la empresa podría tener ingresos muy superiores a los que expone en sus justificaciones para no pagar. Precisamente, los provenientes de los alquileres de sus plantas en un escenario cerealero favorable, con mayores necesidades de procesamiento de granos que años anteriores. Sin embargo, señalaron, no hay planificación estratégica de producción ni de embarque, y ahí radica el problema. También cuestionaron que no están ingresando los beneficios esperables por su participación en Renova, la aceitera más grande del país. Y agregaron en la lista de desmanejos la falta de mantenimiento en las plantas con los fondos destinados a ese ítem.
Nuevo recurso judicial de la empresa
Por el contrario, los referentes de Vicentin culparon de la debacle sin fin a la Corte Suprema de Santa Fe, por el fallo que no convalidó el concurso de acreedores. Eso, argumentaron, retrasa la llegada de inversores estratégicos como Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y sustenta el plan de pagos que volvió a quedar en un limbo. Esa oferta, sin embargo, es resistida por el grupo Grassi, que impulsa otra vía: tiene intenciones de quedarse con los activos del conglomerado agroexportador mediante el mecanismo de salvataje o cramdown contemplado por la Ley de Quiebras y Concursos.
Vicentin solicitó formalmente a la Corte Suprema de la Nación, mediante un recurso extraordinario, que intervenga para revertir la decisión del máximo tribunal santafesino, un camino extraño dado que no se trata de una disputa federal.
La empresa afirma que al dejar sin efecto la homologación de su concurso preventivo que había aprobado la Cámara de Apelaciones de Reconquista, la Corte provincial pone en peligro la continuidad de la actividad comercial y, además, su decisión está viciada de irregularidades procesales.
En el último punto, la agroexportadora le adjudica a los ministros Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta haber prejuzgado la causa antes de resolverla, por lo que debieron, según su criterio, apartarse de una resolución.
El grupo Grassi señaló, en la audiencia convocada por Lorenzini, que ese recurso a la Corte nacional desmiente los propios argumentos de Vicentin: que sus problemas financieros y comerciales son culpa de la Justicia santafesina. Es la propia empresa, adujeron, la que con la nueva presentación impide avanzar con la reestructuración judicial y una salida que permita mantener la producción y así pagar deudas y salarios.
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