El Gobierno de la Nación se prepara para modificar la Ley Nacional de Turismo mediante un decreto que eliminará diversos programas sociales, obras públicas y capacitaciones dentro de la subsecretaría de Turismo, que depende del ministro Daniel Scioli. La medida forma parte de un ajuste en la estructura de la Secretaría de Turismo, que posee un presupuesto de $65.909 millones, de los cuales $7.475 millones están destinados al desarrollo del Plan Federal del Turismo Social.
El Ejecutivo buscará modificar los artículos 7 y 8 de la Ley de Turismo, que actualmente obligan a la Secretaría a desarrollar el Plan de Turismo Social y a promover servicios turísticos accesibles para sectores vulnerables. Según fuentes oficiales, el nuevo enfoque apunta a transferir las responsabilidades de fomento y promoción del turismo a las provincias, eliminando la necesidad de que el Gobierno Nacional se encargue de estas funciones.
"El Gobierno eliminará programas sociales, obras y capacitaciones, concentrándose solo en actividades que considera de interés prioritario", señalaron desde la Casa Rosada.
El Plan Federal del Turismo Social ha incluido programas de pensiones completas y simples, además de ofrecer alojamiento en complejos turísticos como Chapadmalal y Embalse, destinados a estudiantes y familias. Sin embargo, los nuevos cambios eliminan también el plan de inversión en obras turísticas y las capacitaciones que se realizaban a través de un campus virtual con cursos gratuitos.
"El Estado no tiene porqué abarcar actividades como la capacitación privada. El decreto eliminará funciones que no deberían ser parte de la gestión pública", explicaron desde el Gobierno.
Además, se derogará el Observatorio de Turismo Social, creado en 2021, y se eliminarán las facultades para la instalación de oficinas de Turismo en el exterior, una función que pasará a la Cancillería. La modificación de la ley también incluye la derogación de artículos que gestionaban créditos para la construcción y mejora de infraestructura turística, una herramienta que beneficiaba a proyectos de interés en el sector.
Este ajuste en la política turística busca reorientar las funciones del sector, dejando más responsabilidades a las jurisdicciones locales, mientras se elimina lo que el Ejecutivo considera actividades innecesarias para la gestión pública.
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