El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan de intervención en las obras sociales sindicales, desatando alarma en el sector gremial. En lo que va de su gestión, ya suman ocho las entidades de salud sindicales intervenidas, justificando la medida en supuestas irregularidades detectadas por auditorías oficiales.
La más reciente intervención se oficializó este miércoles en el Boletín Oficial y afectó a la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA), vinculada al sindicato que lidera Adolfo Villafañe. Según fuentes oficiales, la decisión fue tomada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, tras informes de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se detectaron "graves incumplimientos y serias irregularidades" en su administración.
La medida generó preocupación en el ámbito gremial, en especial dentro de la Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias (CASIA), que ha convocado a una reunión urgente para este jueves con el fin de evaluar el impacto de la intervención.
Siete obras sociales intervenidas en un año
El Gobierno ya había avanzado con la intervención de seis obras sociales en el primer año de mandato, argumentando irregularidades en su funcionamiento. Las entidades afectadas fueron:
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Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA)
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Obra Social del Personal Mosaista (OSPM)
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Obra Social de Vareadores (OSV)
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Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL)
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Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM)
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Obra Social de la Industria del Fósforo (OSPIF)
Este año, además de la reciente intervención en OSPICHA, también fue intervenida la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT). Desde el Gobierno sostienen que estas medidas se enmarcan en el proceso de "reordenamiento del sistema de salud", promovido por la administración de Milei con el objetivo de permitir mayor competencia entre las obras sociales y garantizar que los beneficiarios puedan elegir libremente su cobertura.
Crisis en la obra social de los Químicos
Más allá de las intervenciones, la crisis también golpea a la Obra Social del Personal de la Industria Química y Petroquímica (OSPIQYP), que enfrenta serios problemas financieros que ponen en riesgo la atención de sus más de 25.000 afiliados.
El Gobierno declaró oficialmente la "Situación de Crisis" de la entidad y dio un plazo de 15 días a sus autoridades para presentar un plan de contingencia. Además, la OSPIQYP ha iniciado un concurso preventivo de acreedores en un intento por evitar su colapso financiero.
Las recientes acciones del Ejecutivo, coordinadas por la Superintendencia de Servicios de Salud, buscan asegurar la continuidad de la cobertura médica para los afiliados afectados, en medio de un escenario de creciente conflicto con el sindicalismo.
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