Una reciente decisión de la Justicia Federal de Brasil ordenó la transferencia de más de 1500 canchas de fútbol del Parque Nacional del Iguazú, hasta ahora bajo control del Estado federal, al estado de Paraná. El fallo, que podría cambiar el control administrativo de la emblemática reserva natural, ha generado controversia y será apelado por la actual concesionaria Urbia Cataratas SA.
La sentencia, emitida el 5 de febrero por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), reconoce a Paraná el derecho a una parte de los ingresos generados por el turismo en las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.
Un conflicto de larga data
El proceso judicial se inició en 2018, cuando el Estado federal solicitó la cancelación de un registro presentado por Paraná en Foz do Iguaçu, donde afirmaba tener control sobre 1085 hectáreas del Parque Nacional. Argumentó que se trataba de tierra desocupada y, por lo tanto, debía permanecer bajo jurisdicción nacional.
Sin embargo, el TRF-4 falló a favor de Paraná, basándose en que la zona en disputa había sido donada en 1910 a un particular llamado Jesús Val, quien luego la vendió al Estado de Paraná en 1919.
“El área en disputa fue donada por la Unión a un particular y posteriormente adquirida por Paraná, lo que valida nuestra posesión”, explicó el fiscal del caso, Júlio da Costa Aveiro.
El juez Luiz Antonio Bonat, relator del caso, sostuvo que la región no es tierra vacante, ya que fue titulada por un particular y adquirida legalmente por el Estado de Paraná. Su postura fue respaldada por los jueces João Pedro Gebran Neto y Gisele Lemke.
Repercusiones y futuro del fallo
Desde el gobierno federal, se argumenta que la Constitución de 1988 establece que las tierras cercanas a fronteras internacionales deben permanecer bajo control nacional para la defensa del territorio.
El diputado estadual Luiz Fernando Guerra (União) celebró la decisión y destacó que los recursos generados por el parque beneficiarán a la economía y la conservación ambiental de Paraná.
“Nada más justo que invertir parte de esos recursos en el estado donde están las Cataratas del Iguazú”, afirmó Guerra.
Por su parte, la administración del Parque Nacional del Iguazú indicó que la sentencia aún puede ser apelada y revisada por organismos como la Procuraduría General de la República, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y el Ministerio de Medio Ambiente.
“La decisión favorece a Paraná, lo que impactará en la distribución de los ingresos del parque, hasta ahora destinados al ICMBio en un 7% de la recaudación bruta”, señala un comunicado oficial del parque.
El conflicto continúa abierto y podría definir un nuevo escenario administrativo y económico para uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina.
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