El PRO, liderado por Mauricio Macri, expresó su rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. En una reunión realizada en la Ciudad de Buenos Aires, el partido dejó en claro que sus legisladores no respaldarán el nombramiento en comisión impulsado por el Gobierno para “normalizar” el funcionamiento del máximo tribunal.
Así lo anunció el jefe del bloque de senadores del PRO, Alfredo De Angeli, quien confirmó que la mayoría del espacio votará en contra del pliego de Lijo. También incluyó en su rechazo el nombramiento de García-Mansilla, aunque aclaró que su postulación ni siquiera tiene las firmas necesarias para ser tratada en el Senado.
“Va a haber un gran debate dentro del Senado. Lo tengo que hablar con los integrantes del bloque”, señaló De Angeli tras la reunión, que fue encabezada por Macri en la sede nacional del PRO.
Macri lo hizo en 2015
La postura del PRO genera controversia, ya que en 2015, Macri adoptó una estrategia similar al nombrar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Sin embargo, ante las críticas, el proceso legislativo avanzó y los pliegos fueron finalmente aprobados por el Senado.
A la reunión asistieron dirigentes de peso del PRO, como los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, los intendentes Guillermo Montenegro y Soledad Martínez, y los dirigentes Fernando de Andreis y Facundo Pérez Carletti.
El decreto de Milei y la polémica
Este martes, Milei oficializó por decreto las designaciones de Lijo y García-Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema, una decisión que fue duramente cuestionada por gran parte de la oposición.
El Gobierno argumenta que el tribunal supremo funciona con solo tres ministros, lo que dificulta la toma de decisiones, ya que se requieren al menos tres votos para resolver los casos. También señala que el Senado no trató los pliegos enviados en mayo de 2024, lo que llevó al Ejecutivo a avanzar con la designación en comisión, amparándose en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución.
Las vacantes que ocuparían Lijo y García-Mansilla surgieron tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la de Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024.
El decreto establece que los magistrados deberán prestar juramento y asumir sus cargos, aunque su designación será transitoria hasta que el Senado defina su situación de manera definitiva.
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