Criptogate: Proceso de Juicio Político Contra Milei en Detalle

La oposición en Argentina ha dado un paso decisivo en el marco del denominado "Criptogate". Unión por la Patria, junto a tres diputados de Encuentro Federal y al Frente de Izquierda, han presentado de forma independiente proyectos de ley destinados a iniciar un juicio político contra el presidente Javier Milei. La controversia se desató tras el lanzamiento de la criptomoneda Libra, la cual provocó, en cuestión de pocas horas, pérdidas económicas para miles de personas y fue interpretada por los detractores como una "estafa" a gran escala.

¿Qué es el juicio político?
Se trata de un mecanismo contemplado en la Constitución Nacional que permite al Congreso investigar y determinar las responsabilidades políticas de altos funcionarios en caso de cometer delitos durante el ejercicio de sus funciones o incluso crímenes comunes. En este proceso, la Cámara de Diputados actúa como acusadora mediante la Comisión de Juicio Político, compuesta por 31 integrantes distribuidos de forma proporcional según la representación de cada espacio parlamentario.

La Constitución establece en su artículo 53 que la Cámara tiene el derecho de acusar ante el Senado a figuras como el presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema. Complementariamente, el artículo 59 dispone que al Senado le corresponde juzgar públicamente a los acusados, siendo presidido, en el caso del presidente de la Nación, por el presidente de la Corte Suprema. Finalmente, el artículo 60 determina que el fallo del Senado conlleva la destitución del funcionario y la prohibición de ocupar cargos de honor o de confianza en el país, sin perjuicio de que el acusado pueda ser juzgado y sancionado conforme a la ley en tribunales ordinarios.

El procedimiento comienza con la declaración de admisibilidad de las denuncias, en la cual se analiza detalladamente el relato de los hechos y se formulan los cargos correspondientes. Esta etapa requiere la aprobación de 16 votos de los 31 miembros de la comisión. Una vez admitida la denuncia, se inicia la investigación formal que contempla la formulación de cargos, la citación de testigos y la solicitud de informes al Poder Judicial para recabar pruebas.

Concluida la etapa probatoria, la comisión emite un dictamen acusatorio que, de contar con el respaldo de la mitad más de los votos, se somete a votación en la Cámara de Diputados, donde se necesita la aprobación de dos tercios de los integrantes para avanzar. Finalmente, el proceso recae en el Senado, que, con una mayoría de dos tercios, decidirá sobre la destitución o la absolución del acusado.

Cabe recordar que el último juicio político se efectuó en 2023, en el que se acusó a varios jueces de la Corte Suprema. En ese caso, aunque se llegó a formular un dictamen acusatorio, éste no fue votado en la Cámara de Diputados por la insuficiencia de apoyos en el oficialismo.