El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la “detención arbitraria y desaparición forzada de Nahuel Gallo”, gendarme argentino arrestado en Venezuela el pasado 8 de diciembre de 2024. La denuncia, difundida en un comunicado por la Cancillería, señala al fiscal general venezolano, Tarek William Saab, como parte de este caso.
“Este hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI”, afirmó el comunicado oficial.
El gobierno argentino subrayó su compromiso de “utilizar todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional”.
Acusaciones y respuesta argentina
La detención de Gallo, a quien el gobierno venezolano acusa de “terrorista” y “espía”, escaló a convertirse en un asunto prioritario para la diplomacia argentina.
El viernes pasado, en una conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad, el canciller Gerardo Werthein desestimó las acusaciones de “acciones terroristas”, calificándolas como un “invento horrible”. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que Gallo “no es un terrorista”, afirmando que “Argentina está haciendo todo lo posible por el gendarme”.
Versión venezolana y estado del detenido
Desde Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab declaró que Gallo se encuentra “bien de salud” y bajo custodia estatal. “Gallo se encuentra bien de salud y su integridad ha sido respetada como obliga la ley y la Constitución”, afirmó en declaraciones a un medio argentino.
Saab insistió en que el gendarme está siendo investigado por “delitos extremadamente graves” contra la paz en Venezuela, alegando que fue detenido cuando “intentaba ingresar irregularmente desde Colombia” el 8 de diciembre.
Mientras tanto, Argentina continúa sus esfuerzos para asegurar la libertad de Gallo y exigir justicia internacional.
