Los cerca de 1.5 millones de migrantes con órdenes finales e inapelables de deportación en Estados Unidos se enfrentan a un panorama incierto, según las políticas anunciadas por el presidente Donald Trump, respaldadas por senadores de ambos partidos. Estas deportaciones se fundamentan en resoluciones judiciales que se emiten cuando los migrantes han agotado todos los recursos legales, según explicó la abogada especialista en inmigración María Herrera Mellado.
La crisis migratoria, acentuada durante la administración demócrata de Joe Biden y Kamala Harris con su política de fronteras abiertas, permitió el ingreso de más de 10.8 millones de inmigrantes hasta octubre, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Además, expertos calculan que alrededor de 2 millones de personas ingresaron al país sin ser detectadas por las autoridades fronterizas.
El sustento legal de las deportaciones masivas
Según un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Corte de Inmigración había dictado hasta el 24 de noviembre órdenes de deportación para 1,445,549 migrantes no detenidos. Herrera Mellado destacó que estas órdenes se consideran definitivas si el migrante no presenta una apelación dentro del plazo legal, que generalmente es de 30 días, o si opta por no apelar.
Los migrantes afectados, provenientes de 208 nacionalidades, permanecen en libertad en distintas comunidades del país. Honduras lidera las cifras con 261,165 órdenes, seguido de Guatemala (253,413), México (252,044) y El Salvador (203,822). Otros países destacados incluyen Cuba (42,084), Nicaragua (45,995) y Venezuela (22,749).
Opciones y desafíos legales para los migrantes
Ante una orden final, los migrantes pueden optar por una salida voluntaria dentro de un plazo determinado para evitar una deportación formal. Sin embargo, este proceso se complica en los casos de países catalogados por ICE como "pocos cooperativos" o en riesgo de incumplimiento, como Venezuela, China, Rusia y Nicaragua, entre otros.
“Si el país de origen de un inmigrante se niega a cooperar con Estados Unidos y no acepta de regreso al individuo, el proceso de deportación se complica”, explicó Herrera Mellado. Esto genera desafíos legales, diplomáticos y humanitarios, retrasando las deportaciones y limitando las opciones del Gobierno estadounidense.
En situaciones donde la deportación no es previsible, la ley permite que los migrantes sean detenidos por un período máximo de seis meses. Posteriormente, deben ser liberados bajo supervisión, siempre que no representen un peligro para la seguridad pública o nacional.
Medidas del Gobierno de EE. UU.
Estados Unidos podría ejercer presión diplomática sobre los países no cooperantes mediante sanciones económicas, restricciones de visado o acuerdos comerciales, según detalló Herrera Mellado. Además, los migrantes afectados podrían recurrir a opciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o acciones diferidas en caso de que las condiciones en sus países sean peligrosas o estos se nieguen a aceptar su regreso.
El panorama para los migrantes con órdenes de deportación sigue siendo incierto, mientras el Gobierno estadounidense busca ejecutar las políticas anunciadas y enfrentar los desafíos que plantea la cooperación internacional.
Fuente: Información de ICE y Diario Las Américas
