En una conferencia de prensa realizada este lunes en Amsafe Rosario, líderes sindicales nacionales y provinciales denunciaron la criminalización de la protesta social y exigieron el cierre de la causa judicial contra cinco trabajadores y docentes santafesinos detenidos tras manifestarse contra la reforma previsional. La protesta, ocurrida el 12 de septiembre frente a la Legislatura de Santa Fe, derivó en incidentes que incluyeron daños materiales. Sin embargo, las detenciones y las imputaciones fueron calificadas como desproporcionadas y con fines intimidatorios.
Criminalización de la protesta y detenciones polémicas
El 16 de octubre, un operativo policial que incluyó allanamientos calificados como desmedidos culminó con la detención de Román González, Franco Casassola, Diego del Castillo Curbelo (Amsafe), Maximiliano Molina (ATE Rosario) y Mauro Corna (Sindicato de Municipales de Venado Tuerto). Los trabajadores pasaron la noche en la cárcel de Las Flores y luego fueron imputados por daño calificado e impedimento del funcionamiento del Congreso. Según los abogados defensores, el proceso está cargado de irregularidades, incluyendo allanamientos ilegales y la confiscación de materiales sindicales.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, denunció que se trató de “un ataque a los sindicatos que deciden luchar” y calificó los operativos como una persecución política e ideológica: “Es evidente que quieren infundir miedo, pero no van a poder”.
El trasfondo de la protesta: la reforma previsional
La reforma previsional impulsada por el gobierno provincial, que fue aprobada pese a las manifestaciones masivas, es considerada regresiva por los sindicatos. Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, remarcó que esta reforma afecta históricamente derechos conquistados por los docentes, como el 82% móvil. Denunció que las detenciones buscaron desviar el debate sobre el impacto de la reforma: “El gobierno provincial quiso que este tema no se vuelva a hablar”.
Irregularidades y pedidos de nulidad
El próximo 23 de diciembre se llevará a cabo una audiencia para tratar los pedidos de nulidad presentados por los abogados defensores, quienes señalaron que la jueza Susana Luna actuó con falta de imparcialidad. Además, denunciaron que se solicitaron datos privados de redes sociales de sindicatos, lo que consideran una violación a los derechos fundamentales.
Gabriela Durruty, abogada de la APDH, enfatizó: “Estamos ante un claro reclamo laboral que debería resolverse en el ámbito del Ministerio de Trabajo, no en el ámbito penal”. También denunció que durante los allanamientos se confiscaron elementos sin relación con los cargos, como pecheras gremiales y carteles sobre derechos humanos.
Apoyo sindical masivo
La conferencia contó con la participación de un amplio arco de organizaciones sindicales y sociales, que coincidieron en repudiar la persecución y manifestaron su solidaridad con los detenidos y sus familias. Juan Pablo Casiello, secretario de Amsafe Rosario, resaltó: “En 40 años de democracia nunca había sucedido algo así. Valoro la reacción del movimiento popular en exigir la liberación de los compañeros”.
Por su parte, Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, destacó la unidad de los gremios como un factor clave para enfrentar este tipo de situaciones. Martín Lucero, de Sadop, denunció el avance del gobierno de Maximiliano Pullaro sobre el poder judicial, advirtiendo sobre posibles implicancias futuras: “Se quiere controlar a los fiscales para armar causas contra quienes se movilicen”.
Un llamado a defender el derecho a la protesta
El panorama nacional también fue señalado como un factor de contexto. Rodolfo Aguiar vinculó estas medidas con un deterioro generalizado de derechos bajo la actual gestión nacional y provincial, sosteniendo que “en 2024 comenzó a morir la democracia en nuestro país”.
Con esta denuncia, los gremios y organizaciones reafirmaron su compromiso de defender a los trabajadores detenidos y de continuar la lucha por sus derechos frente a lo que consideran un ataque directo a la protesta social.
