El Gobierno nacional decidió extender nuevamente la vigencia del Presupuesto 2023 para el Ejercicio 2025, en ausencia de una nueva Ley de Presupuesto General. La prórroga, formalizada a través del Decreto 1131/2024, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y tiene como objetivo garantizar la operatividad del Estado y la continuidad de los servicios esenciales.
Desde el 1° de enero de 2025, el Presupuesto General será el mismo que rigió en 2023, conforme al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156. Cabe recordar que este presupuesto ya había sido prorrogado en 2024 mediante el Decreto 88/2023.
El decreto establece además que el Jefe de Gabinete deberá realizar ajustes durante el próximo año para atender las demandas específicas de 2025, incluyendo las modificaciones recientes derivadas de la reorganización ministerial dispuesta en la Ley de Ministerios N° 22.520.
Detalles de la prórroga
- Presupuesto de 2023 vigente: La medida reafirma la continuidad de las disposiciones implementadas hace dos años, con adaptaciones progresivas.
- Modificaciones progresivas: El Ejecutivo Nacional será el encargado de ajustar el presupuesto para garantizar la eficiencia del gasto público.
- Reorganización institucional incluida: Contempla cambios ministeriales y organizativos establecidos recientemente.
El Ejecutivo justificó la decisión al afirmar: “Dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la Ley N° 27.701, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente.” Además, agregó: “Con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2024.”
Un escenario político tenso
La decisión de prorrogar por segunda vez el presupuesto aprobado durante la gestión de Alberto Fernández ocurre en un contexto de fuertes tensiones políticas. La falta de acuerdo entre el oficialismo, la oposición y los gobernadores en el Congreso impidió el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2025, presentado en septiembre.
Dicho proyecto incluía medidas clave, como la ratificación de la fórmula de movilidad jubilatoria y la eliminación de la indexación de las asignaciones familiares. Sin embargo, ni en las sesiones ordinarias ni en las extraordinarias se logró abordar su tratamiento.
Esta medida excepcional subraya el complejo escenario político y las dificultades para lograr consensos en el ámbito legislativo, con vistas a las elecciones presidenciales de 2025.
