El Gobierno modificó el régimen de contratación en universidades públicas: cuáles son los cambios. (Foto: TN/Leandro Heredia).
El Gobierno de la Nación ha introducido modificaciones en el régimen de contratación en las universidades públicas, con el fin de garantizar el “control efectivo de los recursos” y promover “la transparencia” en los procedimientos. La medida fue formalizada a través del decreto 1096, publicado este martes en el Boletín Oficial.
El cambio principal consiste en la eliminación de la posibilidad de que las entidades estatales celebren contrataciones directas con las universidades nacionales, una práctica que estaba contemplada previamente. Además, el Ejecutivo ordenó que las altas casas de estudio informen sus gastos, contrataciones y contabilidad a través de plataformas oficiales como COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF.
El decreto también deroga los artículos 23, 23 bis y 24 del reglamento vigente, que regulaban “las bases sobre la procedencia de la adjudicación simple con universidades nacionales” y las organizaciones de la economía social. Asimismo, se reemplaza el artículo 14 del régimen actual, referente a las contrataciones directas con “personas físicas o jurídicas que se hallaren inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, reciban o no financiamiento estatal”.
La normativa establece que estas modificaciones se aplicarán a los procedimientos de selección en trámite, en aquellos casos en los que no se haya perfeccionado aún el contrato o convenio. En cuanto a las contrataciones directas, ahora podrán realizarse mediante dos modalidades: “compulsa abreviada”, en situaciones de urgencia y con varios oferentes, y “adjudicación simple”, que se reservará para casos en los que solo haya un proveedor disponible.
Además, se especifican nuevos plazos y medios para garantizar la publicidad de los procedimientos, exigiendo al menos tres días hábiles de antelación para presentar ofertas y la publicación de las convocatorias en portales oficiales.
Estas reformas reflejan el objetivo del Gobierno de asegurar una mayor supervisión en el uso de los recursos públicos destinados a las universidades nacionales, y de fomentar la transparencia en todas las etapas del proceso de contratación.
