El debate sobre una nueva Constitución para Santa Fe se intensifica, con un enfoque que busca poner "la centralidad en los derechos de la naturaleza y de las personas". Así lo expresó Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en el marco de las iniciativas que han cobrado fuerza en la Legislatura provincial, dominada por el gobierno de Maximiliano Pullaro y la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe.
A un mes de concluir el período de sesiones ordinarias, al menos seis proyectos de ley han sido presentados en la Cámara de Diputados para modificar la Constitución, vigente desde 1962. Verzeñassi enfatizó la "necesidad de discutir la actual Carta Magna" y crear un nuevo texto que promueva un "Estado ecosocial". Destacó que es esencial garantizar la ampliación de derechos, incorporando principios internacionales y alejándose de la visión tradicional que a menudo limita la discusión ambiental a formalismos.
"Los proyectos presentados, aunque bien intencionados, continúan refiriéndose a los bienes comunes en términos de recursos", criticó Verzeñassi, quien ha estado trabajando en la revisión constitucional inspirándose en experiencias globales. Propone que la Constitución contemple claramente la agroecología, considerando su enfoque multidisciplinario que integra las dimensiones ecológicas, económicas y sociales. "La agroecología debe ser promovida como un paradigma sostenible, ya que ofrece múltiples beneficios, desde la mitigación del cambio climático hasta el fortalecimiento de las comunidades rurales", añadió.
El especialista también cuestionó el enfoque de algunos líderes políticos en torno a la reforma, sugiriendo que su prioridad parece ser la reelección del gobernador, en lugar de la creación de derechos fundamentales. “Deberíamos estar discutiendo derechos que ya deberían estar consagrados, como el derecho al agua, la energía y un territorio saludable”, afirmó, señalando la ausencia de un Artículo 41 similar al de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano.
Verzeñassi advirtió que, con la posible aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en Santa Fe, la histórica ley de aguas de la provincia podría verse amenazada, priorizando las inversiones sobre los derechos humanos básicos. "El agua potable es un derecho humano de primer orden, no solo un recurso", afirmó, haciendo referencia al legado del exlegislador Rubén Giustiniani, quien ya en 2016 abogaba por la prohibición del fracking y la protección del agua como bien común.
Finalmente, Verzeñassi subrayó que el debate actual debería enfocarse en "qué nuevos derechos necesitamos incorporar en la Constitución para asegurar que Santa Fe se convierta en un Estado ecosocial". Advirtió que es fundamental no dejar que el diálogo se desvíe hacia cuestiones de reelección política, ya que "después de más de sesenta años, este es un momento crucial en nuestra historia".
