El negocio de la salud en Argentina continúa beneficiando a un reducido grupo de empresarios, tanto de prepagas como de algunas obras sociales. Tras la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei, que trasladó costos adicionales a los pacientes, se descubrió que OSDE, una de las obras sociales más exclusivas del país, destinó parte de sus fondos a financieras, en lugar de reinvertir en el servicio que brinda a sus afiliados.
El caso salió a la luz con el escándalo de la financiera Wenance, fundada por Alejandro Muszak, quien ahora está detenido. Tanto OSDE como la Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA) –con la cual OSDE mantenía un convenio para captar afiliados– se presentaron como acreedores en el concurso de Be Capital, una de las empresas de Muszak, ante el juzgado civil y comercial número tres de San Isidro.
En el expediente consta que OSDE invirtió $477,405.87 a través de su obra social y otros $256,329 mediante el convenio con Comisarios Navales. Aunque estos montos pueden parecer bajos para la fecha de noviembre de este año, no se ha precisado cuándo se realizó la inversión, ya que el estallido del caso Wenance se remonta a los primeros meses de 2016. En el concurso, la mayoría de los damnificados son personas físicas, con pocas empresas involucradas.
Wenance, una fintech dedicada a otorgar préstamos a sectores no bancarizados, enfrentó múltiples demandas desde 2016 por usura y prácticas abusivas. En julio de 2023, dejó de cumplir con sus obligaciones hacia los inversores. En la investigación penal se confirmó que Muszak operaba sin licencia del Banco Central (BCRA), implementando un esquema Ponzi en el cual el mismo préstamo se vendía repetidamente, estafando por más de 300 millones de dólares. OSDE y Comisarios Navales figuran entre los afectados.
La supervisión de estas fintechs es limitada debido a la ley de entidades financieras vigente desde la última dictadura militar, lo que ha facilitado operaciones irregulares.
La noticia coincide con el descontento de los afiliados de OSDE, reflejado en redes sociales. En las últimas semanas, la obra social fue tendencia en la plataforma X (antes Twitter), tras la resolución 3934 emitida por el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, quien, tras casi tres décadas en OSDE, ahora debe regular la empresa. La nueva normativa exime a las empresas de cubrir recetas médicas por fuera de su cartilla, lo cual afecta a los afiliados que acuden a consultas privadas, debiendo costear los gastos por su cuenta.
Además de la omisión en cobertura, OSDE aparece vinculada a una financiera con causas abiertas por lavado de activos, una en 2021 en el juzgado penal económico de Rafael Caputo, y otra más reciente bajo la jurisdicción del juez Daniel Rafecas.
La Secretaría de Salud, dirigida actualmente por Mario Lugones, exdirectivo del hospital Güemes, implementó políticas favorables para las empresas de medicina privada, permitiéndoles aumentar las cuotas bajo la gestión del exsecretario Mario Ruso. Aunque el gobierno intentó frenar este incremento, la devolución a los pacientes se prorrogó en doce cuotas.
Esta práctica de las prepagas de invertir los fondos de los socios en actividades financieras no es nueva. La exvicepresidenta Cristina Fernández ya lo había denunciado durante el gobierno del Frente de Todos. Para noviembre, las empresas anunciaron aumentos entre el 3,9% y 6,9%, superando la inflación de octubre, que fue del 3,2%.
