En 2016, mientras el Congreso argentino debatía la ley de cannabis medicinal y Patricia Bullrich asumía como ministra de Seguridad, las causas relacionadas con el cultivo de cannabis registraron el mayor aumento entre los delitos contemplados en la ley de drogas. Según datos de ese año, las detenciones por tenencia y venta crecieron un 11% y un 30%, respectivamente, pero las vinculadas al cultivo se dispararon un 58%.
Para entender esta tendencia, la antropóloga Florencia Corbelle analizó estadísticas y entrevistó a afectados, familiares y representantes legales con el apoyo de organizaciones como el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa), el Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA) y el colectivo Libertad a presas y presos por cannabis (LPPC). Los hallazgos fueron publicados recientemente en el artículo titulado: "Procedimientos policiales a personas que cultivan y producen derivados de cannabis en Argentina (2010-2020)".
Procedimientos ilegales y violencia policial
El estudio documentó que el 15% de los casos analizados correspondían a procedimientos ilegales. La mayoría de las acciones se originaron por denuncias anónimas relacionadas con el cultivo o la venta de estupefacientes. Sin embargo, los allanamientos, que muchas veces involucraron grandes despliegues policiales y cobertura mediática, solo hallaron pequeñas cantidades de plantas, esquejes, flores de cannabis, semillas y preparados medicinales.
La investigación también revela que en más de la mitad de los procedimientos legales se registraron robos de dinero, objetos y hasta plantas de cannabis por parte de los agentes. En uno de cada tres casos hubo episodios de violencia, como ingresos violentos a los domicilios. Aunque en algunos operativos el trato inicial fue agresivo, este cambiaba rápidamente una vez dentro del lugar.
“Espectacularidad” en los operativos
Corbelle señala que los allanamientos fueron caracterizados por su “espectacularidad”, con la movilización de numerosos agentes, varios vehículos y la presencia de medios de comunicación. En algunos casos, las fuerzas dejaban las plantas confiscadas a la vista de los vecinos, generando estigmatización hacia los acusados.
La investigación detalla irregularidades graves, como la manipulación de pruebas. Por ejemplo, en un caso los agentes "reorganizaron las flores de cannabis para simular fraccionamiento con fines de venta", mientras que en otro pidieron dinero a cambio de no judicializar a las personas afectadas.
Análisis del contexto
Corbelle reflexiona sobre el uso de la ley de drogas como herramienta para resolver conflictos personales y vecinales, lo que desvía recursos destinados a combatir organizaciones criminales más grandes. Según la antropóloga, esta estrategia permite a las fuerzas cumplir con las "cuotas institucionales", que son métricas de rendimiento policial cruciales para su financiamiento.
Además, Corbelle advierte que entre 2016 y 2020, mientras la ley de cannabis medicinal avanzaba en el Congreso, las causas por cultivo no solo aumentaron, sino que se distribuyeron más equitativamente por todo el país. Aunque estas disminuyeron durante la pandemia, los datos muestran un repunte significativo posterior a 2021.
Subregistro y desfederalización
Otro aspecto crítico del estudio es el subregistro de causas contra cultivadores, acentuado por la ley de desfederalización de infracciones a la ley de drogas. Desde 2005, varios distritos –incluyendo Buenos Aires, CABA, Córdoba y otros– transfirieron estos delitos de la justicia federal a la provincial, lo que dificulta un seguimiento transparente. "No sabemos efectivamente cuántas causas pasan por las justicias provinciales y mucho menos cuáles son por cultivo", asegura Corbelle.
En Santa Fe, última provincia en adherir a esta normativa, la legislatura aprobó una ley que obliga al Ministerio Público de la Acusación a rendir informes recién a partir de 2025. Mientras tanto, la política oficial establece no perseguir a consumidores ni cultivadores que cumplan con los parámetros de Reprocann, el registro oficial para cultivo medicinal en Argentina.
Conclusión
La investigación de Corbelle pone en evidencia un panorama de irregularidades y persecución que afecta especialmente a quienes cultivan cannabis para uso medicinal o solidario. Su análisis resalta la necesidad de reformar las políticas de drogas y priorizar investigaciones contra estructuras criminales más complejas.
